Este último 11 de abril el Gobierno prorrogó por sesenta días el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac– Cusco– Arequipa. Esto se suma a los Estado de Emergencia decretados desde agosto de 2017 en diversos distritos de Apurímac y Cusco, con lo que hay zonas que cumplirán al menos diez meses en esta situación. Frente a estas graves vulneraciones de los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito de las y los ciudadanos, las organizaciones abajo firmantes manifestamos: 1. Nuestra profunda preocupación porque el gobierno a través de las renovaciones consecutivas en estos territorios de los Estados de Emergencia está convirtiendo como una medida permanente una medida que por mandato constitucional y de acuerdo a las obligaciones internacionales es “excepcional”. 2. Se está produciendo una constante violación a la Constitución Política del Perú toda vez que esta señala los requisitos para la aplicación de los estados de emergencia, indicando que solo debe emplearse en “caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Ninguna de estas situaciones se ha presentado en el territorio afectado por esta declaratoria de emergencia. Más aún, la calificación de esta medida como “preventiva” introduce una causal que no existe ni en el texto constitucional ni en la normatividad internacional sobre los Estados de Emergencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado claramente que “(…) que las medidas de emergencia deben estar justificadas por una amenaza a las condiciones necesarias para mantener la organización política del Estado de acuerdo con los principios de la democracia representativa”