En el ejido El Siete perteneciente al municipio de Gómez Palacio, Durango, el sábado 24 de junio, la gente empezó a mirar decenas de camionetas que llegaban como desfile presidencial. Se dieron cuenta que se trataba del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, y la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera. Los funcionarios no venían solos. Eran acompañados de directores de la empresa The Chemours Company, a quienes apenas 19 días antes, la sociedad civil organizada de San Luis de la Paz, Guanajuato, les había impedido instalar la planta en su territorio. En el Ejido El Siete, de cerca de mil habitantes, muchos de ellos pensionados y jubilados, no sabían qué sucedía. La noticia corrió rápido por el pueblo de unas 200 casas. Aquel desfile de camionetas y funcionarios no fue para presumir este poblado a 30 kilómetros de la ciudad. Fue para poner la primera piedra de una fábrica de cianuro de sodio, elemento esencial para el proceso de extracción de oro y plata. Se enteraron, también, que la empresa pretende producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio, a unos metros de donde crían a sus hijos.