Descripción

a partir de 2005 las mismas comunidades tomaran la iniciativa y convocaran a sus habitantes a procesos de “autoconsultas”, para fijar sus posiciones respecto a lo que consideraban como “imposiciones” de los empresarios con el aval del Estado.

Los primeros pueblos indígenas en realizar consultas populares en Guatemala fueron los vecinos de Comitancillo, en San Marcos. Entre abril y mayo de 2005 sus autoridades convocaron a una consulta para preguntar a los habitantes si apoyaban los proyectos de minería metálica en la zona. El resultado fue apabullador: las 6,500 personas participantes votaron a favor del “No”. La corporación municipal, las alcaldías comunitarias, los concejos municipales y comunitarios de desarrollo y otras organizaciones locales, se unieron para hacer valer esa votación, presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH determinó que la explotación se suspendiera y pidió medidas cautelares para proteger a los vecinos de la posible contaminación que generaría el proyecto, el 20 de mayo de 2010. A pesar de ello, el Ministerio de Energía y Minas ha continuado con la práctica de otorgar licencias de manera continua a proyectos mineros, hidroeléctricos y de petróleo sin realizar antes una consulta previa. “No existe manera de redimir aquellos procesos ya aprobados”, explica Byron Paredes, el defensor especializado en los pueblos indígenas de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH). Hasta abril de este año, 240 licencias se encontraban pendientes de aprobación. “Si se aprobaran, armarían un panorama más complicado

Pregunta

los vecinos de Comitancillo, en San Marcos, entre abril y mayo de 2005 sus autoridades convocaron a una consulta para preguntar a los habitantes si apoyaban los proyectos de minería metálica en la zona.

Resultados

las 6,500 personas participantes votaron a favor del “No”. La corporación municipal, las alcaldías comunitarias, los concejos municipales y comunitarios de desarrollo y otras organizaciones locales, se unieron para hacer valer esa votación, presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).