El ejido el Bajío está ubicado en el municipio de Caborca, Sonora en la región costera del noreste de México, colinda al poniente con la carretera estatal 37, ruta Caborca-Puerto Peñasco, la vía férrea Ferromex, ramal Benjamín Hill-Mexicali y el ejido Rodolfo Campodónico, que limita con el Mar de Cortez. Al oriente colinda con el ejido Juan Álvarez. El Bajío nace de la dotación de tierras del 20 de agosto de 1971, por la resolución firmada por Luis Echeverría amparando una propiedad social de más de 21 mil 39 hectáreas de agostadero para beneficio de 77 demandantes (Gutiérrez, 2016).
En el año 1997 se instaló en el cerro La Herradura la mina que lleva el mismo nombre, propiedad de la empresa Penmont subsidiaria de Grupo Peñoles. Por 16 años se han explotado las minas La Herradura, Soledad y Dipolos para la extracción de oro y plata, lo cual, lejos de generar algún beneficio causó contaminación por polvo e impacto negativo sobre la morfología de los terrenos. La empresa Penmont logró engañar a las autoridades y a los ejidatarios, pues a pesar de haberse instalado en el ejido El Bajío, le hizo creer a ambas partes que las operaciones mineras estaban asentadas en el núcleo agrario de Juan Álvarez (Gutiérrez, 2016).
Los ejidatarios pronto descubrieron que fueron engañados y que de manera ilegal se habían llevado a cabo actividades para la extracción de minerales en tierras de uso común de su núcleo agrario. Por ello, en 2009 iniciaron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario número 28 con sede en Hermosillo, mismo que concluyó en agosto de 2014 con una sentencia a su favor (Gutiérrez, 2016).
Las principales inconformidades de parte de los ejidatarios eran por la forma ilegal y fraudulenta en que actúo la empresa minera, por negarles el derecho a trabajar en la mina y los beneficios por el usufructo de los recursos naturales. La sentencia condenó a los empresarios a desalojar de forma inmediata los terrenos del ejido y regresar toda la cantidad de oro y de plata extraídos ilegalmente del subsuelo, así como resarcir los daños ambientales ocasionados. De acuerdo a estimaciones de los abogados, se deben regresar a los ejidatarios por lo menos 8 mil kilogramos de oro y 4 mil kilogramos de plata en lingotes, en caso de no regresar las cantidades señalas de minerales, Penmont y Peñoles deberán hacer un pago al ejido por una cantidad de 350 millones de dólares que equivalen a las rentas de los 16 años que se explotaron los terrenos del núcleo agrario (Gutiérrez, 2016).
En septiembre de 2014, los campesinos del ejido El Bajío denunciaron que a pesar de las resoluciones dictadas por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) y ratificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la empresa Penmont y Peñoles continúan saqueando los terrenos ejidales con apoyo de autoridades federales. El abogado de los ejidatarios, Jesús Thomas González afirmó que representantes de la empresa arribaron al ejido acompañados de guardias de seguridad privados y agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) para robar una solución cianurada, señaló que los campesinos fueron intimidados, por lo que se procedió a presentar una denuncia ante el Ministerio Publico que quedó registrada en el expediente 0987/2014, que contiene material fotográfico y diversas grabaciones (Cedillo, 2014).
El 19 de abril de 2016, un juez giró órdenes de detención contra 11 ejidatarios por el “robo con violencia” de vehículos mecánicos y robots que estaban en los terrenos del ejido. “Lo absurdo de la demanda es que también se acusa a los humildes campesinos de robar más de 460 millones de litros de una solución cianurada rica en oro, que si se maneja sin equipo puede causar la muerte, y que para moverla se requieren al menos 15 mil camiones cisterna”. El abogado de los ejidatarios señaló que esto es un intento más de Rafael Pavlovich tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano y de las empresas Penmont y Peñoles por despojar a los campesinos del ejido El Bajío (No a la Mina, 2016).
Rafael Pavlovich Durazo logró hacerse de manera ilegal de mil 824 hectáreas propiedad plena del ejido el Bajío. En junio de 2016, se constató su actuación irregular con el apoyo institucional para lograr esa posesión, específicamente su incursión ilegal como socio del ejido. Esta persona ha sido señalada por un historial de falsificación de títulos de tierra en Sonora, además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Caborca (Caballero, 2018).
En 2017, Pavlovich Durazo fue denunciado por los campesinos de El Bajío como responsable de la desaparición de José de Jesús Robledo Cruz, presidente del comisariado ejidal junto con otros ocho ejidatarios. Afirmaron que hombres armados que trabajan para el tío de la gobernadora de Sonora, entre los que se logró identificar a Luis Enrique Cruz Figueroa, subieron a los campesinos a tres camionetas y se los llevaron con dirección a la mina Dipolos, al pedir ayuda a la guarnición del ejército, sólo llegaron policías municipales y estatales quienes en lugar de apoyar a los campesinos los amenazaron y los obligaron a retirarse (Cedillo, 2017).
En diciembre de 2018, los ejidatarios del ejido el Bajío volvieron a denunciar que han sido presa de amenazas por parte de la minera Fresnillo Plc, actual dueña de las minas Soledad, La Herradura y Dipolos. Afirmaron que, a pesar de haber logrado un resolutivo a favor en 2014, la empresa sigue saqueando los recursos naturales del ejido, se mantienen amedrentando a la gente con ayuda de personas armadas que se hacen llamar de Protección Federal Andrés Tovar, representante de los ejidatarios hizo un llamado a que “las operaciones de la mina Soledad-Dipolos cesen por completo, la compañía Fresnillo se retire y que acabe el acoso contra los ejidatarios que se oponen a la invasión a sus tierras, las cuales abarcan 21 mil hectáreas” (Maytorena, 2018).
Colaboración de Sergio Uribe.