En el municipio de Anitápolis (3500. habitantes) , que se ubica muy cercano a la ciudad de Florianópolis en el Estado de Santa Catarina, el 80% de la población se dedica a la agricultura familiar de subsistencia, donde muchas de ellas se dedican a a agricultura orgánica y al ecoturismo pero que sin embargo sus pobladores subsisten en condiciones de pobreza. En este territorio se pretende instalar un proyecto minero de fosfato ante lo cual alas comunidades locales están temerosas sobre los impactos que pudiera generar en sus territorios, especialmente en el agua y los suelos que resultan vitales para la agricultura que sostiene a sus habitantes. Desde el año 2001, el antiguo proyecto existente para la explotación de fosfato en Anitápolis fue retomado por el gobierno estatal de anta Catarina para producir 540 mil toneladas anuales de Superfostato Simple Granulado en 300 hectáreas para el monocultivo de soja, para lo cual se convocó a las empresas multinacionales Yara Brasil Fertilizantes S.A: de Noruega y Bunge Fertilizantes S.A: de Estados Unidos. Para la explotación de fosfato, las empresas recién mencionadas formaron el join venture Industria de Fosfatos Catarinense (IFC), l cual adquirió 1800 hectáreas en el entorno de yacimiento. El gobierno estatal ha ejercido fuerte presión para implementar este proyecto minero, pero la ausencia de mayor información aclaratoria sobre el proyecto y la real dimensión de sus impactos socioambientales ha provocado una fuerte inseguridad y temores en las comunidades y organizaciones ambientales sobre el proyecto. Entre los impactos ambientales declarados en el Estudio de Impacto Ambiental que presentó la empresa prevé la deforestación de la Mata Atlántica y el terraplén de parte de un bosque para construir dos represas de desechos tóxicos de gran magnitud, la grave contaminación de la cuenca hídrica del río Pinheiros que abastece a más de 10 municipios, así como la afectación de especies endémicas de la localidad, la alteración del paisaje por la construcción de las excavaciones de la mina, a lo que se suma el aumento de la población flotante a unos mil trabajadores en la etapa de construcción del proyecto lo que además aumentará la presión sobre los servicios públicos (salud, vivienda, educación, etc). En Anitápolis han sido diversos los actores que se han manifestado en oposición a este proyecto principalmente agricultores, ecologistas, visitantes, ONG's, y también organizaciones empresariales de la zona como la Asociación Empresarial brazo del Norte (ACIVALE). En el año 2009 la ONG Asociación Montaña Viva obtuvo un fallo judicial que detuvo la construcción del proyecto, período desde l cual se libra una fuerte batalla judicial para obtener la autorización judicial que permita activar la mina de Fosfato.

Ver En el año 2001 un antiguo proyecto de explotación de fosfato emplazado en el municipio de Anitápolis, el cual es retomado por el gobierno estatal de Santa Catarina para producir superfosfato Simple Granulado en un área de 300 hectáreas, cuyo objetivo venderse como fertilizante para las agroindustrias dedicadas al monocultivo de soja. Este proyecto es un join venture denominado Industria de Fosfatos Catarinense (IFC) formado por las multinacionales Yara Brasil fertilizantes S.A. (Noruega) y la norteamericana Bunge Fertilizantes S.A. Para hacer viable el proyecto la Industria de Fosfatos Catarinense adquirió 1.8oo hectáreas de terrenos que rodean el yacimiento, donde además se proyecta producir 1.8 millones de toneladas de fosfato y 200 mil toneladas de ácido sulfúrico. Desde el año 2009 el proyecto está paralizado por un fallo judicial contra la licencia otorgada a la empresa, pero sin embargo el gobierno y la minera continúan insistiendo en revertir dicho recurso judicial.