Descripción del conflicto minero:
Históricamente es el municipio el que inicia el conflicto al oponerse a la expansión minera que le resta suelo urbano. En mayo del 2006, la Municipalidad Provincial de Pasco emitió una Ordenanza mediante la cual se permite que los espacios y terrenos de la ciudad sean solamente de uso comercial y residencial mientras no se elabore el plan de desarrollo urbano concertado de la ciudad de Cerro de Pasco. Este hecho implicaba una clara oposición a los planes de expansión de Volcan Compañía Minera para el periodo 2008-2013.
La ciudad y la minería disputan el suelo urbano. La expansión de la minería tiene varias fases; el último antecedente de expansión es el proceso que culmino en 1998 con acuerdos entre la Municipalidad Provincial de Pasco y CENTROMIN; empresa que sería privatizada en 1999 y adquirida por Volcan Compañía Minera.
En los años previos al 2006, la empresa vino adquiriendo y demoliendo las viviendas en el área circundante al tajo abierto con la finalidad de garantizar una nueva etapa de expansión minera. Volcan Compañía Minera, a inicios del 2007, ante la exigencia de las autoridades y organizaciones sociales presentó el plan de expansión minera denominado ?plan L? (2008 ? 2013), el mismo que plantea una ampliación del tajo hacia el lado sur-este, de 11.4 hectáreas, afectando 418 predios entre viviendas e inmuebles, vías de comunicación, espacios públicos y establecimientos de comercio. El objetivo de la Volcan es ampliar el tajo para garantizar la continuidad de la actividad minera.
La municipalidad provincial y de los distritos de Yanacancha y Simón Bolívar han planteado y participado en los procesos de diálogo como estrategía para resolver el conflicto por la expansión minera. En el proceso se han visto presionados tanto por la población que se opone a la expansión y los trabajadores de la empresa minera que demandan la autorización para la expansión o en caso contrario la empresa paralizaría sus actividades. En agosto del 2008 la Municipalidad Provincial de Pasco, tras un largo proceso de diálogo y negociación (2006-2008), aprobó el plan de expansión de la empresa minera.
Las organizaciones sociales urbanas son diversas (pueblos jóvenes, asentamientos humanos, frente de defensa, inquilinos, etc.) con diversas posiciones respecto a la propuesta de expansión minera. Un sector planteaba aceptar el plan de expansión de la minera e iniciar un proceso multisectorial para discutir la reubicación de la ciudad e incluir el tema de los impactos en la salud; este sector participó del proceso de diálogo y negociación del plan. Otro sector plantea oponerse al plan de expansión de la minería, básicamente debido a que consideraba inaceptable la compensación planteada por la empresa para los bienes de uso común; este sector logró movilizar a la población pero sin llegar a tener poder para influir en la decisión de la municipalidad.
El Gobierno Regional de Pasco, inicialmente opuesto a los planes de expansión, término aceptando el plan y promoviendo el debate sobre la reubicación de la ciudad.
En el año 2008 en el Congreso de la República se aprobó un Proyecto de Ley sobre la reubicación de la ciudad. La Ley fue observada por el Ejecutivo y finalmente aprobado por el Congreso de la República con el que se inicia un proceso multisectorial y vinculante de discusión sobre la reubicación de la ciudad por la expansión minera y los impactos en la salud humana.
Respecto al tema de la salud, en la década se han realizado diversos estudios que comprueban los impactos de la minería. En el 2000 el Ministerio de Salud (MINSA) realizó una evaluación de la calidad del aire donde reconocía que la ciudad presenta problemas por partículas de fracción gruesa y metales en el aire debido a la actividad minera, así como a la presencia de grandes cantidades de desmonte ubicados alrededor de la ciudad. En el año 2002, el Centro Labor comprobó en los barrios de Champamarca (21.5%) y
Paragsha (45.83%) que la población analizada tiene elevados niveles de plomo en la sangre. Y, el año 2005, el MINSA reconocía que los niños de las comunidades de Quiulacocha y Champamarca tienen altos índices de plomo en sangre superando los límites máximos permisibles en la OMS.
En marzo de 2012 los pobladores y autoridades de Cerro de Pasco rechazan el traslado de la ciudad y piden un proyecto de agua y desagüe y mejoras en la salud. El presidente regional dijo que el traslado costaría 15 mil millones de soles (unos 6 mil millones de dólares) y tardaría más de 30 años.
La llamada Ciudad Real de las Minas por los conquistadores españoles, está siendo pues devorada por la minería a cielo abierto. A cada detonación de explosivos para sacar el zinc, el plomo y el cobre, se amplía el tajo abierto que mide 400 metros de hondo y 2000 metros de largo.
Los suelos y el agua están contaminados. Casi todos los niños tienen niveles de metales pesados en la sangre que superan las normas legales. Estos enormes pasivos ambientales (la contaminación durante tantos años, la evacuación y la construcción de una ciudad para 70 000 habitantes) no van a ser compensados por las empresas que se han beneficiado de la explotación. La empresa Volcan consiguió ampliar la minería en el mismo centro de la población con su plaza de armas y la iglesia colonial, alegando que de lo contrario dejaría sin trabajo a cuatro mil personas.
Además de la grave contaminación por plomo, hay también un problema de agua, la empresa usa el 80 por ciento del agua potable de la ciudad y la gente tiene agua solo algunas horas al día. Sin embargo, la mayoría de habitantes no se queja por ser la mina la fuente principal de trabajado asalariado.
La ciudad y la minería disputan el suelo urbano. Hubo acuerdos con CENTROMIN; empresa que sería privatizada en 1999 y adquirida por Volcan Compañía Minera. En los años previos al 2006, la empresa vino adquiriendo y demoliendo las viviendas en el área circundante al tajo abierto con la finalidad de garantizar una nueva etapa de expansión minera.
