Antamina es una de las minas más grandes en el Perú que entró en operación en el año 2001. Se explota a tajo abierto (actualmente mide 2,000 metros de largo, 1,000 metros de ancho y 500 metros de profundidad) y produce en promedio por día 360,000 toneladas de material. Es una de las mayores productoras de concentrados de cobre, zinc y molibdeno y subproductos de plata y plomo.
La comunidad de Juprog ha sostenido conflictos por los límites con los terrenos de propiedad de la mina Antamina y el avance de la explotación causó preocupación en los comuneros. Las primeras protestas se registran en el año 2006 lo que motiva la intervención de la oficina de la Defensoría del Pueblo de la región Ancash quie intermedia para un dialogo con la comunidad. En consecuencia se realizaron diversas reuniones de dialogo para abordar diversos temas como la titulación de las tierras del caserío, empleo para los comuneros, reubicación y desarrollo, con la participación de la empresa y el Ministerio de Energía y Minas.
En este proceso de diálogo con la finalidad de proveer mayores argumentos para sostener su posición la comunidad solicita la realización de estudios de impactos de la minería en la salud de los comuneros al Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS). Esta institución estatal realiza la toma de muestras de sangre en el año 2006 y devuelve los resultados a la comunidad en el año 2007; el estudio determina los riesgos para la salud por la exposición a metales pesados de los comuneros comprobándose casos donde la los niveles de metales en la sangre superar los máximos permitidos. La empresa ha expresado públicamente sus dudas sobre los resultados y cuestionamientos a la mitología empleada.
En abril del 2008 los comuneros realizan denuncias públicas por los riesgos que implica para su salud a causa de la actividad minera en la zona. La denuncia pública se basa en los informes de CENSOPAS y señalan que la empresa a pesar de la existencia de dicho informe no ha tomado acción alguna ni los afectados han recibido atención médica.
En marzo del 2009 los comuneros realizan una denuncia judicial contra la empresa Antamina por el delito de contaminación por metales pesados (plomo, cadmio y arsénico) y riesgo a la salud. La denuncia ante la Fiscalía Provincial Especial de Prevención del Delito de Huaraz (Ancash) se basa en los resultados y conclusiones de la evaluación realizada por CENSOPAS. Los pobladores solicitan la reubicación e indemnización por la contaminación. publicados a los medios de prensa.
El informe emitido por DIGESA, indican que los derrames de sedimentos mineros que cayeron en las aguas del Rio Carash, que van a parar al rio Juprog y Mosna, si sufrieron la contaminación con metales pesados, de acuerdo al informe elevado por DIGESA ala región Ancash, en las muestras analizadas encontraron metales como, Cobre (Cu) Cadmio (Cd) Cromo (Cr), Plomo(Pb) Zinc (Zn), Fierro (Fe) y Manganeso (Mn), donde la concentración de Plomo, Cobre y Zinc, en el rio Juprog estación (P1) están sobre pasando el valor limite establecido de acuerdo a ley, RJN-0291-2009- ANA, para cuerpos de agua de clase III, significando un riesgo el uso de las aguas parta fines agrícolas o de bebida de animales. Así tambien se señala que los limites permisibles de minerales son, para el Cadmio 0.05 miligramos por litro, sin embargo las muestras arrojan 0.021, el Cobre que cuyo limite permicile es de 0.5, en la muestra arroja 3.42 mg-L, el Cromo 1.0 el limite, pero arroja 0.028, el Zinc que es su estándar 25, en la muestra arroja 36.94mg-L, quedando demostrado con ello la contaminación de las aguas por parte de la empresa minera Antamina.
En octubre del 2009 ante esta denuncia la empresa ha difundido un comunicado en el que señala que los resultados de dicho estudio han generado confusión entre los comuneros de Juprog y cuestiona la realización de un tercer estudio a cargo de CENSOPAS con el apoyo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional. La empresa mediante comunicado de prensa sostiene que no debiera realizarse el estudio sin antes conformarse una mesa técnica con la finalidad de asegurar una correcta interpretación de los resultados. Asimismo, la empresa informa que acordó con el Vice Ministerio de Salud constituir una mesa técnica con la participación de DIGESA, CENSOPAS y Antamina con la finalidad de asegurar una adecuada intervención y correcta interpretación de los resultados.
Existen tambien conflictos en varias zonas, como las protestas de los comuneros de Chipta (Pallares) por la desaparicion de ojos de agua, asi tambien existen conflictos por el transporte, ya que el mineroducto que transporta el material a la costa ha generado derrames en su camino hacia el puerto de Huarmey, lo que ha producido graves problemas de contaminacion entre los pescadores.
Para la fecha 18 de noviembre, 2010, pobladores del anexo San Antonio de Juprog expresaron su descontento debido al aplazamiento en la presentacion del estudio “Exposición humana por metales pesados en la Comunidad de Juprog" realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), entidad del Ministerio de Salud., el cual debia presentarse el dia 18 de noviembre en Huaraz y al dia siguiente en Juprog.
Los pobladores expresaron su malestar hacia la gestion del fiscal para la prevencion del delito Carlos Augusto Rodríguez Martínez, donde se le acusa de incubrir las acciones realizadas por la minera Antamina. Además se le acusa a esta el hecho de estar detras de las decisiones del fiscal y de la postergacion del informe de salud.
Se conformó el 15 de Octubre del 2015 una comisión que abordará la situación de salud de los habitantes de la comunidad de Juprog, afectados por las operaciones de la empresa minera Antamina.
La comisión estará conformada por representantes de los cuatro sectores de Juprog -Juprog, Chipta, Pilluyacu y Bado-, así como por el alcalde de San Marcos, un representante de la Dirección Regional de Salud de Áncash, dos representantes de la empresa minera y dos representantes de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de la Provincia de Huari (AMUCEPS).
El congresista Carlos Domínguez Herrera detalla en el año 2018 informo que la compañía minera ha suscrito documentos donde se comprometen a resarcir los daños ocasionados al momento de realizar sus operaciones y que hasta ahora no se han cumplido a cabalidad quedando solamente en promesas e incumplimiento de manera generalizada “Los caseríos no tienen agua potable, alcantarillado, ni energía eléctrica a pesar de encontrarse dentro de la zona de influencia de la minera. No hay desarrollo y viven en condición de extrema pobreza, además vienen siendo afectados de manera directa por la contaminación”, sostuvo Domínguez. Añadio ademas que los estudios realizados arrojaron como resultado que la población tiene contaminación con plomo, cadmio, zinc, Uranio, entre otros, en sangre, encontrándose entre los afectados niños y ancianos. “Hasta ahora no hay apoyo, no hay postas médicas, no hay apoyo productivo, hay extrema pobreza y desnutrición”,
