Con el anunció de que el Proyecto Santa Ana buscaba iniciar la explotación de plata en el distrito de Huacullani – Chucuito, en los primeros meses del año 2012, las protestas por parte de la población de Puno no se hicieron esperar. Una de las razones de más rechazo a este proyecto minero es que se encuentra ubicado en una zona que está cerca del sistema hídrico del Lago Titicaca. Esto se debe a que en primer lugar, Puno se ha convertido en la segunda región con el mayor número de hectáreas concesionadas del país. Las concesiones mineras en Puno pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010. Un aumento del 279%. El conflicto se inició a partir de este proyecto minero, y posteriormente, se fueron sumando otras causas. El conflicto en Puno ha mostrado una particularidad que lo diferencia de otros casos de conflictos recientes. El tema central en las últimas semanas no ha girado en torno a un caso o proyecto minero específico; el pedido central ha sido la anulación de todas las concesiones mineras otorgadas en esa región. Por primera vez y con tanta nitidez el caso específico (proyecto Santa Ana) es desplazado y el cuestionamiento a una determinada política (las concesiones) ocupa el lugar estelar en el conflicto. Fuente: mines and communities

Ver El proyecto Santa Ana, consta de seis concesiones mineras en un total de 5,400 hectáreas. La empresa plantea la extracción de 63 millones de onzas de plata por año de trabajo. El área que pretende abarcar afectaba directamente a los distritos de Huacullani y Kelluyo. La explotación del yacimiento tiene una estimación de 11 años.