Las acusaciones infundadas de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, Lic. María Elena Díaz Rivera, en contra de la organización Bios Iguana AC, miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extactivo Minero (M4), ya están poniendo en riesgo la integridad física y moral de sus miembros.

La delegada Díaz Rivera acusó en las últimas semanas ante los medios de comunicación, y directamente a los integrantes de Bios Iguana AC, de presionar a los comuneros, de extorsión, de robo de recursos, de tener “sembradíos”, de traer gente de “Michoacán, Chihuahua y Puebla”, de tener intereses de tierras comunales, entre otras mentiras y declaraciones irresponsables y ambiguas que no sólo transgrede sus funciones públicas y excede sus facultades sino que además, junto con la solicitud de la fuerza pública en territorio comunal indígena para amedrentar a los comuneros, ya está poniendo en riesgo la seguridad física y moral de los defensores de los derechos humanos.

El día viernes 21 de febrero del año en curso, durante la manifestación pacífica que realizaba el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y Bios Iguana, frente a las oficinas de la Delegación de la Procuraduría Agraria en la ciudad de Colima, donde personal de esta Delegación, entre los que se encontraba el Lic. Carlos Soulé, violentaron física y verbalmente a tres integrantes de Bios Iguana, hecho que ya fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Colima. Estas mismas personas han reiterado su acoso inclusive a otros miembros que integran la organización de Bios Iguana. El mismo Lic. Soulé, el sábado 2 de febrero, amenazó de muerte en la calle al abogado de Bios Iguana. Otros han sido perseguidos y acosados por las calles de la capital del estado. Por su lado, la delegada Díaz Rivera manifestó: “si los de Bios Iguana son entrones, yo también”. También manifestó: “No quieren que vaya a Zacualpan porque no quieren que vea los sembradíos que tienen”.

Las falsas acusaciones sin fundamento de la Sra. Díaz Rivera ha provocado que un grupo de comuneros que defienden al destituido Presidente de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán, amenacen de muerte el día de hoy a miembros de Bios Iguana en la capital del Estado, en las mismas instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Específicamente, Rubén Guzmán Aranda, hijo del ex presidente de Bienes Comunales amenazó a los miembros de Bios Iguana: “ahora me vas a conocer, y a patadas te voy a sacar de Zacualpan. La próxima vez que te vea a ti y a tus amigos, tú y los Bios Iguana ya se los cargo con sus sembradíos de mariguana, te metiste a mi casa, se metieron a mi casa sin permiso y ahora si a chingadazos los vamos a sacar, ya te cargo la verga porque si no aprendiste por la buena ahora vas a aprender por la mala, te vamos a enterrar a ti y a tus compañeros”.

Esta denuncia ya ha sido interpuesta por Bios Iguana el día de hoy en la Mesa 2 de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, Delegación Colima. Los comuneros, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, como los Hijos Ausentes de Zacualpan que radican en los Estados Unidos, ya han desmentido públicamente todas estas falsas acusaciones y calumnias de la delegada Díaz Rivera. Sin embargo, la Señora Díaz Rivera no cesa en sus falsas acusaciones provocando mayores divisiones, generando conflictos entre los comuneros y poniendo en riesgo la vida de activistas ambientales y defensores de los derechos humanos. Videos, fotografías, testimonios, documentos así como una infinidad de notas periodísticas de diversos medios locales y nacionales, han dado registro de la indebida actuación del ex comisariado como de la delegada de la Procuraduría Agraria. El día de ayer, 23 de febrero, con la presencia de Notario Público, sin altercados violentos ni presencia de fuerzas públicas y
nadie ajeno a la Asamblea, ceñidos al reglamento y la ley agraria, la asamblea de comuneros de Zacualpan logró la destitución del Comisariado Ejidal, Carlos Guzmán, luego de que, bajo evidente asesoría de la delegada, convocaba y suspendía asambleas o boicoteaba su realización violando la ley agraria, con el fin evitar su remoción, lograr la implementación del proyecto minero, y evitar la pérdida de supuestos beneficios económicos antes del final de su cargo como Comisariado, de los cuales el Consejo de Vigilancia no tenía información. Ante todo ello, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, solicita urgentemente medidas cautelares para la comunidad de Zacualpan y para la organización de Bios Iguana AC. a fin de garantizar la seguridad de los comuneros y de los integrantes de la Asociación Civil.

Consideramos que una investigación y auditoría solicitada por la comunidad y el nuevo Comisariado Ejidal en el cual ahora participan mujeres, sobre los recursos que las distintas dependencias canalizaron al ex comisariado ejidal durante su gestión, ayudaría a despejar sospechas de conflictos de intereses y deslindar responsabilidades. Las organizaciones que integramos la REMA conocemos y avalamos el excelente trabajo que Bios Iguana A.C. ha venido realizando desde hace veinte años en el estado de Colima por los derechos humanos y el medio ambiente, razones por las cuales hacemos público nuestro reconocimiento y solidaridad a la organización ante las difamaciones en su contra por parte de la Procuraduría Agraria, que son una muestra más de agresión a defensores de derechos humanos y a activistas preocupados por detener la devastación ambiental y social que el modelo extractivo minero está generando en nuestro país.

La REMA hace responsable al Gobierno del Estado de Colima, a la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima y al ex Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan por la seguridad física y moral de los comuneros, de los miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y de la organización Bios Iguana AC., todos miembros de la REMA, de los actos de violencia que están ya generando sus difamaciones y declaraciones como funcionaria pública, así como de posibles actos de autoridad que violen sus derechos humanos.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería exige también al Procurador Agrario de la Federación deslinde responsabilidades en torno a las actuaciones de su delegación en el estado de Colima.

Fuente: REMA