El 18 de noviembre de 2013 la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Municipio de Comala, en el estado de Colima, México, en una asamblea general de comuneros y avecindados, declaró su rechazó a dar el permiso a la extracción de oro, plata y cobre del proyecto minero del empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez. Pese a ello, el ejército mexicano de forma intimidante arriba al día siguiente a la comunidad indígena y las autoridades inician la lluvia de apoyos gubernamentales con el fin de dividir a la población.

La comunidad indígena está consciente de los efectos ambientales que genera la extracción minera a cielo abierto y de oro, del impacto sobre el agua, la biodiversidad, la salud, la tierra y el territorio indígena. La comunidad ha decidido su total rechazo al proyecto minero. Por ello exigimos que se respete su decisión sin represalias, presiones, divisiones, chantajes, amenazas o corrupción.

La Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz, atendió el viernes 22 del presente a los comuneros después de que la vieron bajarse del vehículo del empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez. En esa reunión la Delegada se comprometió a ayudar a los comuneros a que no se instale la mina, pero advirtió tajante: "si yo veo que hay beneficios para la comunidad, apoyaré el proyecto".

Será responsabilidad de Gobernador del Estado, del Presidente Municipal de Comala, del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, de la Procuraduría Agraria en Colima y del empresario interesado, de las consecuencias negativas que pudieran sucederse a los miembros de la comunidad por tomar esta decisión. Exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal estar atentos a garantizar el respeto a la decisión de la comunidad indígena de Zacualpan.

También exigimos al gobierno mexicano que cumplan con los instrumentos internacionales que ha signado en materia de derechos humanos y de los pueblos indígenas como son el Convenio 169 de la OIT; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y el Protocolo de San Salvador, entre otros, con el fin de proteger, velar y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas; proteger la biodiversidad, el derecho humano al agua, a la salud, a la alimentación, a un medo ambiente sano, entre otros derechos humanos fundamentales.

POR EL RESPETO A LA DECISIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
NAHUA DE ZACUALPAN EN COLIMA SOBRE SU RECHAZO AL PROYECTO MINERO