El interés en este proyecto inicia mucho antes de 1997, con concesiones otorgadas por el Estado para la exploración del sector. Sin embargo, la relación Jurídica ESTADO - EMPRESA, se estrecha aún más luego de la Firma de un contrato ley (Ley 9 de 1997). Con la entrada en vigencia de esta Ley se crea un régimen especial para el Proyecto Minero, se otorgan privilegios incluso de mayor alcance de aquellos previstos en el código Minero y el Estado se obliga a no variar las condiciones existentes a la firma del contrato-Ley, entre otras cosas. La concesión otorga derechos mineros sobre todos los minerales (metálicos o no metálicos) que se encuentren en el área. Así como para producir y comercializar energía eléctrica de cualquier forma. Durante algunos años la empresa se abstuvo de iniciar la fase de explotación, toda vez que los precios del oro y el cobre se habían desplomado; sin embargo con el alza de los mismos y la posibilidad de perder la concesión minera, el proyecto se ha reactivado nuevamente y avanza con gran rapidez. El contrato Ley abarca directamente un área de 13,600 hectáreas en el Distrito de Donoso; sin embargo también prevé la posibilidad de que se adicionen al régimen las concesiones colindantes. Una investigación que realizáramos en el Ministerio de Comercio e Industrias, demuestra como las mismas compañías han obtenido concesiones por toda la provincia de Colón y Coclé, algunos autores hablan de que el área afectada podría superar las 40, 000 hectáreas. De todas formas el contrato permite que la empresa construya facilidades tales como carreteras, puertos, hidroeléctricas, etc, aún fuera del territorio de la concesión, para lo cual el Estado garantiza la obtención de los permisos necesarios a favor de la empresa.