Descripción

Tabaco era un corregimiento afro ubicado en el municipio de Hato Nuevo, departamento de La Guajira. El territorio original se encuentra en medio de uno de los tajos de la mina de El Cerrejón que lleva el nombre de Tabaco y una de las áreas de botadero de material estéril de la empresa. Debido al deterioro de su territorio la población tuvo que moverse a otros lugares constituyendo el caso de desplazamiento más grande que haya generado este proyecto minero. En agosto de 2001 la compañía Intercor, en conjunto con las autoridades locales, obligó a salir de su territorio ancestral a familias afrocolombianas, aproximadamente mil doscientas personas que habitaban en el corregimiento 5 de Tabaco. Desde el 1997, las empresas asociadas Carbocol-Intercor han propuesto a los pobladores de Tabaco de entregarles una cierta cantidad de dinero para que individualmente desalojen y cedan los derechos sobre el territorio. Propuesta que carece de responsabilidad social y que divide la comunidad entre los que vendieron y se fueron, y otro sector que resiste abandonar la región y busca una reubicación de la población, con el ánimo de conservar su unidad social y el deseo de continuar con un destino común, conservando las tradiciones agrícolas y ganaderas que les han permitido sobrevivir. Para desalojar a los que no aceptaron la mísera compensación monetaria que les ofrecieron , la empresa utilizó presiones tales como la suspensión de los servicios públicos y domiciliarios, quema del cementerio y de algunas viviendas, prohibición del tránsito en el territorio, desvío del agua del río para beneficio de la compañía, entre otros. El brutal desalojo se produjo con apoyo de la Fuerza Pública y en presencia de funcionarios de la Fiscalía. En el caso de Tabaco, empresas transnacionales, con la anuencia, la complicidad, la solidaridad de funcionarios del Estado Colombiano, se hicieron responsables del saqueo, de la expoliación y del desplazamiento forzoso de todo el corregimiento. Muchos de los pobladores de Tabaco nunca vendieron a las empresas sus derechos de propiedad, aun así, sus casas y sus enseres fueron destruidos. Otros vendieron, pero las presiones que acompañaron las negociaciones le quitan todo carácter libre y toda legitimidad a la venta. Ante tan alarmante situación la comunidad adelantó una serie de acciones jurídicas tendientes a proteger los derechos que les asisten. Fue así que en mayo de 2002 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Alcalde Municipal de Hatonuevo (Guajira) de reconstruir Tabaco en un lugar adecuado. A pesar de que la Junta Pro Reubicación de Tabaco ha identificado un terreno apto y tiene conceptos muy claros sobre como reconstruir el pueblo, el fallo que tutela los derechos de los pobladores del desaparecido Tabaco no se ha cumplido. Las empresas transnacionales que poseen Carbones del Cerrejón deberían indemnizar la comunidad con el fin de permitirles comprar este terreno y reconstruir Tabaco. En la actualidad, las condiciones de vida de la comunidad se ven cada día más deterioradas a causa del desplazamiento, así como la identidad étnica y cultural del ancestral pueblo.