Las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por lo que viene ocurriendo con las Comunidades Campesinas que integran el Área de Influencia Directa e Indirecta del que será el Proyecto Minero Antapaccay– Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, a ejecutarse en el distrito de Espinar por la Empresa Minera Glencore expresamos ante la opinión pública lo siguiente: En el ejercicio de sus funciones, el SENACE se encuentra evaluando el instrumento de gestión ambiental denominado Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Antapaccay– Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco (en adelante MEIA) presentado por la Empresa Minera Glencore, en el 2018. Tanto las comunidades campesinas del área de influencia en la provincia de Espinar como el propio SENACE han presentado un conjunto de observaciones a dicho instrumento ambiental. Estas observaciones, de forma y de fondo, cuestionan el diseño del proyecto y la manera en la que la empresa minera ha dimensionado sus impactos y las medidas de mitigación propuestas. Durante los últimos días, la empresa ha notificado a los presidentes comunales el levantamiento de dichas observaciones. Esto ha llamado la atención y producido una situación de rechazo y tensión en la zona: las comunidades afectadas denuncian no haber participado del proceso de levantamiento de observaciones implementado por la empresa minera; siendo que incluso, según sus testimonios, funcionarios de la empresa habrían ingresado sin su consentimiento ni información a los territorios comunales. Las comunidades denuncian también que el proceso de elaboración del MEIA (esto es la evaluación de sus impactos sobre sus territorios, así como las medidas de mitigación diseñadas) no han sido parte de un proceso de consulta previa, libre e informada. Por tanto, responden a un proceso exclusivo de la empresa y no recogen realmente las afectaciones de las comunidades campesinas e indígenas de la zona, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Estas denuncias -de lado de las observaciones presentadas de manera legítima por las comunidades afectadas- nos dan claros indicios de que el proceso de evaluación ambiental de este instrumento no cumple con los fines de garantizar los derechos fundamentales de las comunidades afectadas. Esta situación es grave. Debemos precisar que esta Modificatoria de EIA solicitada por Glencore implica, en la práctica, la construcción de un nuevo proyecto minero: el proyecto Coroccohuayco implica un nuevo tajo abierto, además de labores subterráneas en nuevas comunidades de la provincia de Espinar. Después de 30 de años de explotación, la mina Tintaya Antapaccay vuelve a expandirse sobre el territorio K´ana, nuevamente sin procesos de consulta previa, sin participación ciudadana efectiva, sin una verdadera evaluación de los impactos ambientales y sociales que involucre realmente a los afectados, y en medio de un contexto local de afectación a la calidad del agua y la salud humana que no está siendo atendido. Las comunidades locales no se oponen al desarrollo del proyecto minero, pero exigen el reconocimiento de su derecho a la propiedad, tener un ambiente sano y equilibrado, al agua limpia sin presencia de metales tóxicos y a su identidad, que esta vez sean respetados. La historia de explotación y abuso de derechos por la minería en Espinar no debe repetirse. Invocamos al SENACE para que garantice la participación de la población afectada y aplique efectivamente un enfoque de derechos al proceso de evaluación ambiental en curso. Lima, 15 de marzo de 2019 CooperAcción Derechos Humanos sin Frontera -DHSF