El pasado 12 de abril en el municipio de Jericó se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el Centro Democrático y por una Comisión Accidental del Congreso de la República. Esta audiencia planteó dentro de sus propósitos un diálogo entre varios actores para abordar temas sobre “medio ambiente y desarrollo sostenible en el suroeste antioqueño” y promover una comisión de seguimiento a la “situación minera, social y de planeación del Territorio”. La convocatoria a esta audiencia sorprendió a varios mandatarios locales y a organizaciones sociales del suroeste de Antioquia porque aún no quedan claros los propósitos y alcances de esta iniciativa. Es importante tener presente que su convocatoria e implementación se desarrolló en un extraño y confuso contexto que se caracterizó por: La convocatoria del Centro Democrático a la “audiencia pública”. El mensaje en Twitter del Senador Álvaro Uribe Vélez sobre su oposición a proyectos mineros en el suroeste. La presencia de Mario Uribe en la audiencia. La percepción de algunos medios de comunicación al considerar que “el uribismo recarga a los antimineros en el suroeste”. El desconocimiento de las organizaciones sociales y fuerzas vivas del suroeste. Resulta evidente el protagonismo que asumió el Centro Democrático y el Uribismo en esta “audiencia pública” pero también resulta contradictorio ya que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez otorgó alrededor de 11.000 títulos mineros y dejó en trámite otros 7.000 para que fueran legalizados por sus sucesores. Además, la cercanía que ha tenido el Senador Uribe con las empresas trasnacionales mineras. Para la actualidad, en su Plan de Desarrollo el gobierno de Iván Duque profundiza el modelo extractivo en el territorio colombiano. Valorando lo anterior, las conclusiones del evento fueron resultado del consenso entre las partes de la Comisión Accidental, lo cual no se puede confundir con un proceso de concertación entre los actores en conflicto. Dentro de estas conclusiones (el de las partes) se planteó la conformación de una Comisión Permanente para continuar el debate mediante mesas de trabajo con todos los actores que permitan llevar sus inquietudes a la plenaria del Congreso. Sin embargo, ¿Cuáles son los propósitos y alcances reales de la audiencia? ¿Se pretende legitimar el “diálogo” y la “concertación” en un contexto impositivo de políticas extractivas? ¿Se le puede llamar “diálogo” a la imposición? ¿Esta audiencia obedece a un cálculo político-electoral para eximir a sus partidos políticos de las responsabilidades que tienen con el modelo extractivo? ¿Será un paso adicional de AngloGold Ashanti para legitimar la solicitud del licenciamiento ambiental ante la ANLA? Es importante tener presente estas reflexiones porque los conflictos extractivos no son generados exclusivamente por proyectos mineros. Ya el COA en su Mandato Popular “Participación y Autonomía para Resignificar el Ordenamiento Territorial” plantea la necesidad de profundizar el debate frente a proyectos energéticos, agroindustriales y turísticos [extractivos] y redefinir sus usos para su prohibición/restricción, valorando las alternativas y transiciones hacia prácticas más sustentables con la naturaleza mediante procesos de participación social efectiva y afectiva que garanticen el reconocimiento y protección a la tradición campesina, la cultura indígena y las fuentes hídricas. En la audiencia fue evidente el rechazo de las comunidades a la presencia de la multinacional AngloGold Ashanti, rechazo que ha sido manifiesto de múltiples formas a través de movilizaciones, plantones, travesías, vigilias, acuerdos municipales, mandatos populares, planes de vida y otros mecanismos políticos y jurídicos. Por este motivo, ni el Uribismo ni el Centro Democrático “recargan” la lucha antiminera en el suroeste, todo lo contrario, han profundizado el conflicto mediante sus políticas extractivas. De esta manera el COA, como articulación de procesos de bases indígenas y campesinas, se enfrenta a sus políticas del despojo. Sobre la Audiencia Pública Uno de los fundamentos jurídicos que permiten la convocatoria a la audiencia pública, lo encontramos en la ley 489 de 1998, en el Capítulo VIII titulado “Democratización y control social de la administración pública”. En su artículo 32 señala: Democratización de la Administración Pública: Todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública […]. Según esta ley, el proceso de “democratización” se puede realizar mediante la implementación de una audiencia pública, sin embargo, ¿Cómo entendemos la democratización? ¿Cómo se conecta esta concepción con la audiencia que se desarrolló el 12 de abril en Jericó? ¿Qué es lo público dentro de la audiencia? ¿Cómo actuó el principio de democracia participativa? Teniendo presente estas preguntas, también es importante cuestionar dentro de esta filosofía de democratización ¿Cómo se construyó la audiencia pública? ¿Quiénes la convocaron? ¿Quiénes definieron la agenda? ¿Quiénes conformaron la mesa principal y por qué? ¿Quiénes y cómo definieron los tiempos y el orden de intervención y la distribución del espacio? Reflexionar estos interrogantes nos permite concluir que “democratización de la audiencia pública” no hubo, no nos convence ese relacionamiento de “estar” y “hablar” como si fueran ejercicios reales y efectivos de participación. Por este motivo aumenta nuestra preocupación pues se reafirma un rumbo indeterminado de estos espacios que son convocador por actores que desconocen los procesos reales y eficaces sobre cómo democratizamos la Vida, el Agua y el Territorio en las majestuosas montañas del Cinturón Occidental Ambiental. Desde nuestra filosofía y prácticas reales, la democratización de la vida la construimos desde la participación social efectiva y afectiva, desde aquellas acciones cotidianas y colectivas, campesinas e indígenas, sociales y ambientales, de mujeres, niños, niñas, jóvenes y hombres que desde el amor, la solidaridad y la autonomía construimos Territorios Sagrados para la Vida mediante procesos de agricultura campesina familiar, la economía propia, la diversificación de la producción, la agroecología, los circuitos económicos solidarios, la gestión comunitaria del agua y de la tierra, las alternativas y transiciones energéticas, los sitios sagrados, las tradiciones campesinas, la cultura Embera, las fuentes hídricas, los cabildos comunitarios, los mandatos populares, las consultas autónomas, los planes de vida comunitarios, las escuelas del territorio, las cátedras del territorio, las casas madre del Territorio y los medios de comunicación comunitarios que nos permita el reconocimiento, la articulación, el consenso, la decisión, la permanencia y la educación para transformar de manera creativa los conflictos sociales y ambientales y resignificar nuestros proyectos de vida digna en los Territorios. Somos la Articulación COA ¡Construimos Territorios Sagrados para la Vida!