Preocupadas quedaron las comunidades de La Guajira afectadas por la desviación del arroyo Bruno por el Cerrejón para extraer carbón de su lecho, cuando el día de ayer, 8 de julio, recorrieron la zona intervenida por la empresa. Caminaron, literalmente, tanto por el cauce artificial, como por el cauce natural. Completamente seco se encuentra el día de hoy el arroyo Bruno. La empresa taponó el cauce natural para desviar las aguas en 3.6 kilómetros al nuevo canal artificial. Lo alarmante es que no hay agua en ninguno de los dos cauces. Esta situación preocupa a los expertos que acompañaron la visita, quienes advierten que el arroyo Bruno está en un alto riesgo de desaparecer. Esto, sumado a las voces de varios miembros de la comunidad Wayúu y Afro que indican que el arroyo tenía agua durante todas las épocas del año, contrario a lo que asegura la empresa. Pero la preocupación aumenta si se considera que con la destrucción del arroyo Bruno, el Ranchería, el único río con el que cuenta La Guajira, perdería uno de sus principales afluentes y quedaría también en riesgo de desaparecer en los próximos años. Durante la audiencia pública regional en Riohacha convocada por las bancadas de la oposición y a la que asistieron los senadores Jorge Enrique Robledo y Feliciano Valencia, se escucharon tanto las voces de las comunidades como a las entidades del Gobierno y a los expertos consultados por la Corte Constitucional en el proceso judicial adelantado a causa del desvío del Bruno. Mientras las comunidades reclaman su participación en las decisiones frente a la delicada situación del arroyo, tal como lo ordena la Corte en la sentencia Su-698/17, las entidades del Gobierno expresaron que bajo su interpretación, la corte no ordena que deban tenerse en cuenta a las comunidades en las decisiones de fondo. Esta tensión llevó a que varios miembros de las comunidades expresaran su indignación exigiendo ser parte fundamental de la mesa por ser los directamente afectados. El geólogo Julio Fierro, asesor técnico de las comunidades, presentó gráficas y pruebas con las que señala que los estudios realizados por El Cerrejón son insuficientes e imprecisos y cuestiona a las autoridades ambientales por la manera como se ha permitido realizar una obra de tal envergadura con tanta incertidumbre técnica. El caso de las obras que alteran la naturalidad del arroyo Bruno en La Guajira está atravesando un momento delicado, en el que se está poniendo en juego la oferta hídrica del departamento de La Guajira. Queda esperar si luego de la Audiencia el gobierno acatará la orden judicial y convocará a las comunidades afectadas para resolver las incertidumbres planteadas por los demandantes en torno a la modificación del cauce del Bruno y las consecuencias futuras de la expansión de la frontera extractiva en el departamento de La Guajira; teniendo en cuenta la urgencia mundial por tomar medidas para frenar la crisis climática.