Las organizaciones abajo firmantes se solidarizan con las comunidades guatemaltecas que se resisten pacíficamente al proyecto de la mina de oro, Progreso VII Derivada de Kappes, Cassiday & Associates (KCA), al tiempo que la empresa presenta una demanda arbitral por $300 millones de dólares contra Guatemala ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). Desde 2011, las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc han denunciado los posibles impactos ambientales y de salud de la mina, así como la imposición violenta del proyecto contra su voluntad. Durante años, han mantenido el campamento pacífico, conocido como “La Puya” y han resistido los repetidos intentos de desalojo, sufriendo la represión de las fuerzas de seguridad estatales y privadas. A pesar de una campaña en curso de criminalización y difamación, y una renovada presencia militar en la región, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del día. En 2016, la Corte Suprema de Guatemala suspendió las operaciones de KCA por no haber consultado con los pueblos indígenas en el área y esta decisión fue apelada ante la Corte Constitucional por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa. En lugar de respetar los procesos democráticos y judiciales de Guatemala, KCA ha presentado esta demanda ante el CIADI, que en efecto presiona al gobierno para que reinicie la mina o pague a la compañía cientos de millones de dólares en “ganancias potenciales perdidas”. El CAFTA-DR, al igual que los miles de otros acuerdos internacionales de inversión, otorga a las empresas transnacionales un recurso vinculante a un sistema de arbitraje internacional perverso conocido como Solución de Controversias Inversionista – Estado Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés). Los reclamos de ISDS se escuchan en tribunales como el CIADI y han sido ampliamente condenados por privilegiar los intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales y el medio ambiente. Este mecanismo permite a las corporaciones transnacionales pasar por encima de los tribunales nacionales y socavar a la soberanía de las naciones. Tribunales como el CIADI no son cortes de justicia, sino paneles secretos de abogados corporativos altamente pagados cuyas decisiones no tienen la obligación de respetar ningún precedente.