"En el Febrero de 1999, el Ministro de Minas y Energía autorizó la expropiación de ‘un predio llamado Tabaco’ a través de un acta administrativa que ignoró y pisoteó la existencia jurídica, social, cultural de una comunidad entera (2). La actitud servil de las entidades públicas del Estado colombiano permitió que una empresa tragara un corregimiento, que lo privado asesinara lo público: el decreto de expropiación es la muerte de la comunidad. Los ganglios de la vida colectiva mueren en breve, al decreto de expropiación le siguen la suspensión del servicio público de telecomunicación, el cierre del puesto de salud y de la escuela, la interrupción de las vías, la desaparición de las plazas y de los sitios de recreación. Hasta el párroco italiano Marcello Graziosi se genuflexa a la voluntad de la empresa y vende, por 13 monedas, la iglesia, su conciencia, y los fieles de Tabaco."