Documento: En el 2019, Vizcarra continúa con política inconstitucional de declarar Estado de Emergencia

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Titulo En el 2019, Vizcarra continúa con política inconstitucional de declarar Estado de Emergencia
Lugar Perú
Sitio http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/837-en-el-2019-vizcarra-continua-con-politica-inconstitucional-de-declarar-estado-de-emergencia-en-las-comunidades-del-corredor-minero-sur-del-peru?fb
Tipo de documento Artí­culo de un periódico, revista o publicación
Tipo documento con relación al conflicto Documentación sobre el conflicto
Fecha 28/1/2019
Creado 29/1/2019
Actualizado 10/11/2024

Descripción

El viernes 25 de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el Decreto Supremo N° 008-2019-PCM que vuelve a prorrogar el Estado de Emergencia en las comunidades que son atravesadas por el Corredor Vial Minero Sur de Apurímac- Cusco- Arequipa. Como sabemos, desde el año pasado, el Ejecutivo viene declarando y prorrogando este estado de emergencia y, desde el 2017, ha estado declarando estados de emergencias en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara, de la provincia de Cotabambas del departamento de Apurimac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco. En el sur del Perú, específicamente en Apurímac, se viene desarrollando el proyecto minero cuprífero “Las Bambas” del consorcio chino Minerals Metals Group (MMG), que es el más grande del país. Desde el 2016 despacha el concentrado de cobre hacia China por el puerto de Matarani en Arequipa; y la población de Cotabambas (Apurímac), viene protestando porque la calidad y cantidad de agua sigue siendo perjudicial para sus comunidades y los impactos generados por los camiones de transporte de minerales que van por la carretera del corredor minero sur (Apurímac-Cusco-Arequipa), sigue afectando a la población.La “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM fue suspendida a fines del 2016 y eliminada hace unos meses a través una resolución del Gobierno de Vizcarra; negando así la posibilidad de diálogo entre la población, el Estado y la empresa minera.