Carlos Roche en la Jornada de Oriente reportaba el 8 de diciembre de 2016 que el estado promovía un “proyecto de muerte en la Sierra Negra” de Puebla (uno de varios “proyectos de muerte”), a pesar de la férrea oposición que existía en la región de Tehuacán por la instalación del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa y Atzalan – Huitzilatl. La Secretaría General de Gobierno (SGG) organizó una reunión interinstitucional y dio por iniciado el proceso consultivo para llevar a cabo el proyecto de muerte [9]. Las hidroeléctricas son para abastecer los hornos de la Compañía Minera Autlán en Teziutlán, proveedora de ferroaleaciones en la fabricación de acero y filial del GFM. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán advirtió que la construcción de las hidroeléctricas ocasionarán daños severos al ecosistema, la agricultura y la ganadería. Además de que habrá disminución de los acuíferos, la eliminación de la fauna acuática y la liberación de gases a la atmósfera. Según el proyecto ejecutivo, en Zoquitlán se talarán más de 77 hectáreas de zona boscosa. En Coyomeapan se afectarán 6.7 hectáreas de bosque de coníferas, perforarán túneles y harán excavaciones y pavimentaciones. En cuanto a los impactos sociales, según IIntegrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) los trabajos del Grupo Ferro-Minero ya habían llegado al área en 2008, los trabajadores de la empresa se presentaban como espeleólogos, contactaban a pobladores para generar opiniones favorables a la hidroeléctrica [9]. Se anunciaron compra-venta de terrenos a bajo precio. Es el 28 de agosto de 2016 en Zoquitlán el primer encuentro de resistencias contra los megaproyectos, el 18 de septiembre se hará un segundo encuentro en el municipio Tlacotepec de Porfirio Díaz y el 12 de octubre una caravana en defensa de la tierra. En Junio de 2017 continúan las protestas de diversos municipios de la Sierra Norte e integrantes de MAIZ a través de marchas y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunciando los llamados proyectos de muerte [2]. Las protestas continuaron siendo estas reprimidas. En febrero de 2018, fue quemado el autobús en el que viajaban activistas que protestaban contra el proyecto hidroeléctico a su regreso de la Ciudad de México. La manifestación tuvo lugar afuera de la Secretaria de Energía para solicitar una mesa de diálogo y poder exponer sus posiciones en contra del proyecto. El Movimiento MAIZ denunció que los presidentes municipales de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Cirilo Trujillo Lezama y de Zoquitlán, Fermín González León, fueron culpables del incendio del autobús que se registró el pasado viernes en la Sierra Negra[6,7, 9]. Debido a la aprobación dudosa del Manifiesto de Impacto Ambiental, consultas de resultados ambiguos, de nuevo hubo otra manifestación el 29 de agosto de 2018 se reportaba que Integrantes del movimiento MAIZ se manifestaron afuera de las oficinas del Presidente electo de Mexico, Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México, para demandar la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan. Los manifestantes denunciaron que el plan fue parado hace dos años, pero la Secretaría de Energía (Sener) ha intentado realizar dos consultas “amañadas”. Los inconformes expusieron que el proyecto es del Grupo Ferrominero de México, al que pertenece la Minera Autlán. Agregaron que pese a la oposición de pobladores, el plan hidroeléctrico ya cuenta con estudios de impacto ambiental realizados “a modo” por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como por análisis de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que aprueba el proyecto . Omar Esparza, coordinador de la organización MAIZ, informó que el 23 de agosto en San Pablo Zoquitlán, cercana a Coyolapa, desapareció el activista Sergio Rivera Hernández, la desaparición podría ser por su activismo contra la edificación de la hidroeléctrica. “¡Fuera Autlán, Fuera Autlán!” y “¡ Zapata vive, la lucha sigue!”, corearon los inconformes. El representante pidió que en este proyecto se consideren los derechos y la opinión de los pueblos indígenas, como lo establecenlos convenios en materia de cultura indígena. Días mas tarde, ante la desaparicion de Sergio Rivera, en La Jornada de Oriente (3 de septiembre 2018) [10] Milton Gabriel Hernandez Garcia explicaba que Sergio Rivera es indígena nahua, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y forma parte de la resistencia a la hidroeléctrica que quiere imponer la empresa Minera Autlán, en la Sierra Negra de Puebla. Un proyecto que ha sido denunciado debido a que implicaría la devastación de cientos de hectáreas de selva, la contaminación de los ríos Coyolapa, Huitzilac y Tonto, así como el desplazamiento de comunidades indígenas de San Pablo Zoquitlán y Tlacotepec de Díaz, entre otros municipios. Mediante la hidroeléctrica, la Minera Autlán empresa busca abastecer de energía a los hornos de fundición de su planta de producción de acero en Teziutlán, al norte del estado. MAIZ ha denunciado que la empresa, en alianza con funcionarios de la Secretaría de Energía (SENER) y de las autoridades municipales, ha realizado “consultas indígenas” amañadas y además cuenta con estudios de impacto ambiental “a modo”, autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y de acuerdo al modus operandi en este tipo de procesos de despojo, ha comprado las voluntades de personajes estratégicos para penetrar en la vida comunitaria, al grado que los sermones del párroco son favorables a la empresa y el director de la primaria ha instruido a niños y niñas para que convenzan a sus padres sobre los beneficios que traerá el proyecto. El 23 de agosto, Sergio viajó en su moto de Coyolapa a Tepexilotl. Según testigos, personas desconocidas que viajaban en una camioneta blanca arrollaron a Sergio y después lo levantaron. Antes de ser víctima de desaparición forzada, había recibido amenazas e intimidaciones. Por WhatsApp y en su cuenta de Facebook recibió algunos avisos... El 28 de junio 2018, personas relacionadas con la presidencia municipal de Zoquitlán, golpearon y amenazaron a Sergio con matarlo. Esos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, por lo que las autoridades judiciales no pueden argumentar que desconocían el caso. Su su desaparición pudiera tener también un móvil político-electoral. Se dice que incluso al existir la posibilidad de que Sergio fuera nombrado como director de obras en el próximo gobierno municipal, los grupos de poder que apoyan el proyecto sintieron amenazados sus intereses (www.mexico.com: 30/8/2018). La organización MAIZ, denunció que la criminalización de los defensores de derechos humanos y el despojo de los territorios ancestrales indígenas, tiene que ver con “la reforma energética, se focaliza la violencia hacia los defensores de la tierra, del agua, los compañeros que están resistiendo porque no quieren vender su territorio porque no quieren entregarlo, y sobre todo porque las maneras en que lo están llevando a cabo son violatorias a todo tipo de actos constitucionales” (www.adnpolitico.com: 29/8/2018). El 24 de agosto, el Concejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena emitieron un comunicado en el que hacen responsable de la vida e integridad de Sergio “al mal gobierno mexicano en todos sus niveles, y principalmente a los presidentes municipales de Tlacotepec de Díaz y San Pablo Zoquitlán, quienes han sido operadores de la destrucción de los tejidos sociales y comunitarios de toda la región, así como de la confrontación interna que necesitan los empresarios y sus capataces para apoderarse de lo que es de los pueblos”.