Tehuacán, Puebla. La resistencia indígena en la Sierra Negra de Puebla contra Minera Autlán sigue abriendo brecha y tomando fuerza, a un año de haber empezado una lucha en defensa de la tierra y del territorio, y en defensa de los ríos Coyolapa, Huitzilac y Tonto. Esta batalla, contra el consorcio minero y siderúrgico del magnate José Antonio Rivero Larrea, vive momentos cruciales para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica que Rivero Larrea necesita para abastecer de energía los hornos de fundición de su planta de producción de acero en Teziutlán, en la Sierra Norte de Puebla. El 24 de julio, funcionarios de la Secretaria de Energía (Sener), con la ayuda de golpeadores y familiares del alcalde de San Pablo Zoquitlan, Fermín González León, forzaron a que la asamblea general de Coyolapa, decidiera en votación si estaban de acuerdo o no en realizar la consulta que establece el Convenio 169 de la OIT y la Ley de la Industria Eléctrica, para que la empresa brinque el último obstáculo y las autoridades les liberen los permisos para la construcción del llamado Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan. A pesar de la violencia, la intimidación, la compra de voluntades, las misas del párroco de la comunidad favorables a la empresa, los discursos del director de la primaria para que los niños convencieran a sus padres de los “beneficios” de la obra, el condicionamiento de las migajas presupuestales que el gobierno reparte para el control social y la tradicional compra de elecciones, la comunidad votó en contra de que se realice la consulta. Los corruptos de la Sener, que son personeros de la empresa, caciques y autoridades locales que han vendido su alma al demonio minero, al verse perdidos se trasladaron a Pozotitla —otra de las comunidades nahuas claves para la construcción de la obra— para amedrentar y forzar a una consulta que no fue notificada con tiempo a la comunidad. Al ver que la gente en resistencia se negaba a que se realizara esa simulación de consulta, desesperados por imponer su consulta los personeros lacayos empezaron a agredir y amenazar a los defensores del río, y cuando se desató la violencia que ellos mismos habían provocado ya no encontraban la manera de detenerla. Finalmente, se fueron de la comunidad no sin antes amagar con que regresarían a realizar dicha consulta, la cual está repudiada por la mayoría de la población de las comunidades en conflicto.