En cuestión de poco tiempo, los jueces de la Corte Suprema de Justicia del Perú, decidirán el destino de un vocero indígena Aymara de nombre Walter Aduviri, enjuiciado y sentenciado a prisión por su rol en las protestas sociales que tuvieron lugar el año 2011 en la región sureña de Puno. El proceso lleva más de 7 años, y ahora, en la recta final, está siendo observado muy de cerca por organizaciones sociales e instituciones de Derechos Humanos en todo el país, pues su resultado podría sentar precedentes legales que pueden repercutir en otras luchas de pueblos indígenas del país. El caso de Walter Aduviri y el pueblo Aymara es emblemático e ilustra con elocuencia los ataques y amenazas que están enfrentando las comunidades que se levantan para defender sus recursos básicos en toda la región. La judicialización de los voceros y líderes comunales de estas luchas es la piedra angular de toda una estructura de criminalización de la protesta social, que no sólo abarca el uso de nuevas leyes y figuras legales que derivan en procesos penales, sino también la estigmatización de su lucha, su cultura y la coerción violenta por parte del Estado.