Alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”, así comienza un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional. La comunicación dirigida a diversas instancias del gobierno de Perú, así como a la industria minera, denuncia el proceso judicial montado contra Walter Aduviri, principal portavoz de las comunidades indígenas aymaras durante un levantamiento en 2011 en rechazo de un proyecto minero. La mina a cielo abierto Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek fue denunciada por sus riesgos de contaminación del agua, su falta de consulta y la ilegalidad del proyecto. De unas 100 acusaciones a líderes sociales en el marco de ese conflicto, la única que queda a la fecha es la de Walter Aduviri, condenado por disturbios y por haber incitado a actos ilícitos.