Desde mediados del año 2002, paulatinamente los vecinos fuimos informándonos y confluyendo en foros, reuniones y asambleas iniciando un ciclo de movilización social e información sobre la actividad minera a gran escala y sus perjuicios ambientales, económicos y sociales. Ante la posición cómplice de los gobiernos provincial y municipal, la masiva movilización de los vecinos forzó el llamado a una consulta popular para el 23 de marzo del 2003.