Demanda de amparo y de medidas cautelares contra los gobiernos provinciales de Jujuy y Salta, y contra el Estado nacional que las comunidades presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. En la demanda se solicita condenar a los poderes públicos mencionados a arbitrar las medidas que sean necesarias para hacer efectivos los derechos de participación y consulta para expresar el consentimiento libre, previo e informado sobre los programas de prospección o exploración de los recursos existentes en las tierra de las comunidades de la cuenca de las Salinas Grandes.. Esta demanda fue rechazada en la corte y recomendando que el caso fue derivado a las instancias judiciales provinciales, ante lo cual las comunidades optaron a posteriori por acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos