Descripción
? Tras su visita para verificar la situación del ejido Huizopa en Chihuahua, el cual se encuentra defendiendo sus derechos frente al minera transnacional Minefinders, constatan que el gobierno está haciendo uso de la fuerza pública y no llevando a cabo las acciones necesarias para posibilitar una salida dialogada al conflicto
? Documentan que la empresa se encuentra realizando los trabajos en la ilegalidad
Chihuahua, Chihuahua, a 22 de agosto de 2008.- Tras su visita al estado de Chihuahua los diputados federales Armando Barreiro, Carlos Martínez y Marcos Matías de las comisiones legislativas de Asuntos Indígenas, Medio Ambiente, Seguridad Pública y Reforma Agraria de la Cámara de Diputados corroboraron que existen violaciones a los derechos humanos de las y los ejidatarios de Huizopa quienes se encuentran defiendo su derecho a la tierra, territorio y recursos naturales frente a la empresa minera canadiense Minefinders.
Los diputados, quienes realizaron la visita para verificar la implementación del punto de acuerdo que aprobó la asamblea permanente el 14 de agosto, documentaron que la empresa se encuentra trabajando en la ilegalidad debido, entre otra cosas, a que no acataron la legislación medioambiental al no dar a conocer y consultar con el núcleo agrario el manifiesto de impacto ambiental (MIA).
La delegación de diputados, acompañados por Mario Martínez del movimiento en la mina San Xavier y por la organización ProDESC, constató que la minera generará fuertes daños ambientales irreversibles que no fueron informados al ejido y que afectarán a gran parte de la región. Parte de estos daños ya están empezando a observar como la contaminación del agua y la sequía de algunos arroyos que corrían donde se encuentra realizando sus operaciones Minefidners.
Los diputados documentaron en su visita que el gobierno federal y estatal están haciendo uso de la fuerza pública para intimidar a los ejidatarios que mantienen un plantón pacífico desde mayo de este año ante la falta de respuesta de la minera a sus tres demandas principales. Observaron que existe un operativo policiaco militar en la región compuesto por más de 80 efectivos, siendo la mayoría de la Policía Federal Preventiva, y algunos de la Policía Estatal y del Ejército quienes se encuentran utilizando instalaciones de la empresa, lo que comprueba que están defendiendo a la empresa e intimidando a los campesinos que se encuentran llevando a cabo una protesta pacífica en defensa de sus dere