El proyecto minero Camino Rojo está ubicado en el ejido San Tiburcio en el municipio de Mazapil, Zacatecas. El yacimiento lo descubrió le empresa Canplats Resources en 2007, después lo vendió a la canadiense Goldcorp en 2010, quien realizó un extenso trabajo de exploración, pero en 2017, el proyecto fue adquirido por Orla Mining (Outletminero, 2019).
El monto de la compra del proyecto que realizó Goldcorp en 2010 fue por 3 mil 346 millones de pesos, con ello, le ganó la partida a la empresa Fresnillo PLC quien también estaba interesada en la transacción. Para esas fechas, se estimaba que Camino Rojo tenía reservas de 3.44 millones de onzas de oro y 60.7 millones de onzas de plata (Frausto, 2010). De modo que, era considerado uno de los proyectos mineros más importantes de la región para extraer oro y plata con la técnica de tajo a cielo abierto.
El 26 de febrero de 2013, se llevó a cabo la Asamblea para firmar el convenio de ocupación temporal de tierra por parte del ejido San Tiburcio y la trasnacional Goldcorp, por 1,200 ha y un monto de $ 2,400 pesos por ha, es decir, un poco más de 4 pesos por metro cuadrado (Valadez, 2014; Ríos, 2014).
De acuerdo a los ejidatarios, los acuerdos se llevaron a cabo sin el debido asesoramiento legal por parte de las autoridades, señalaron su inconformidad incluso con sus representantes, pues mencionaron que tomaron decisiones a espaldas de la Asamblea, incluido Luis César García, presidente del comisariado ejidal en turno (Valadez, 2014).
Asimismo, los ejidatarios indicaron que no se habían cumplido los acuerdos pactados el 26 de febrero de 2013 que incluyen el pago por bienes distintos a la tierra (una presa y una cerca perimetral de alambre de púas) ubicados en el predio, que según estimaciones de los afectados asciende a un monto de 15 millones de pesos y Goldcorp sólo quería pagar 2 millones 900 mil pesos (Las Noticias Ya Com, 2014).
Por esas razones, el 26 de enero de 2014, los campesinos del ejido San Tiburcio bloquearon tres instalaciones de la compañía minera Camino Rojo, propiedad hasta el momento de la empresa canadiense Goldcorp. Desde temprano, los ejidatarios bloquearon con sus camionetas pick up los accesos a las instalaciones que se compone de un campamento para ingenieros, talleres de maquinaria y una bodega de servicios (Valadez, 2014).
La respuesta de las autoridades fue desalojar el bloqueo por medio de la policía estatal, lo que dejó como resultado 7 campesinos heridos y cerca de 14 denuncias personales (Las Noticias Ya Com, 2014; Valadez, 2014).
El 25 de febrero de 2014, un mes después de la agresión policial, en una rueda de prensa, los ejidatarios de San Tiburcio mostraron su disposición para negociar con la empresa Goldcorp, se manifestaron abiertos a un diálogo donde la mediación fuera paritaria para ambas partes. Para esto, los campesinos ya contaban con el apoyo y asesoría del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), a través de Felipe Pinedo (Las Noticias Ya Com, 2014).
En la rueda de prensa tanto Calixto Gutiérrez (presidente del comisariado ejidal en turno) y Felipe Pinedo, señalaron diversas acciones por parte de la empresa que para ellos eran un cúmulo de “atropellos”. Se refirieron al despido de familiares de los manifestantes que trabajaban en el proyecto Camino Rojo, el trato prepotente por parte de funcionarios de la empresa y la cancelación de una audiencia que se tenía pactada con miembros del gobierno del estado de Zacatecas. Además, indicaron que el predio donde se ubica el proyecto estaba abandonado y no se percibían trabajos de la minera (Las Noticias Ya Com, 2014).
La razón del abandono es que efectivamente, Goldcorp decidió parar toda actividad y cerrar las instalaciones en 2014. Esta situación mantuvo quieto el conflicto, pero, el 07 de noviembre de 2017, se anunció que el proyecto Camino Rojo había sido vendido a la también empresa canadiense Orla Mining, por un monto aproximado de 70 millones de dólares (Hidalgo, 2017).
En noviembre de 2019, Sergio Sáenz quien es gerente de Orla Mining, mencionó que ya contaban con el estudio económico preliminar y el proyecto se vio positivo, por lo que también se concluyó el estudio de viabilidad. Sáenz indicó que se elaboró la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y ya había sido entregada para su revisión en la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SEMARNAT), dijo que, dependiendo del avance en la obtención del permiso, la mina comenzaría a operar en junio de 2021 con una duración de 6.8 años aproximadamente y que estaría extrayendo de forma anual 97 mil onzas de oro y 511 mil onzas de plata (Outletminero, 2019).
Las declaraciones del gerente de Orla Mining indican que para obtener los permios de ocupación temporal de tierra por parte de los campesinos afectados, se utilizó una estrategia basada en los planes de Responsabilidad Social Corporativa. Realizaron inversiones previas en las tres comunidades principales: San Tiburcio, El Berrendo y San Francisco de los Quijano. Tales inversiones fueron en infraestructura como un preescolar, equipamiento de pozos, además de cursos de introducción a la minería para jóvenes y actividades de recreación como campamentos en verano (Outletminero, 2019).
Aunque se asegura que ya se tiene un convenio de arrendamiento de tierra por treinta años con opción de expropiar a través de un pago anual que se incrementará de acuerdo con el índice de precios del consumidor y que hay becas y otras acciones en favor de las comunidades (Outletminero, 2019), lo cierto es que este tipo de proyectos representan una fuente latente de problemáticas socioambientales debido a que la operación del proyecto implica la técnica de tajo a cielo abierto que es sumamente agresiva con el medio ambiente, pues involucra mayor cantidad de insumos como agua y el uso de químicos tóxicos para el beneficio del mineral, lo cual, desprende metales pesados que a la postre pueden generar contaminación y alteraciones a la salud de la población, así como muerte de flora y fauna local.
Asimismo, es importante señalar que el proyecto de Camino Rojo está ubicado en la región del semidesierto zacatecano, donde ya se ha denunciado el agotamiento, contaminación y escasez de agua por actividades mineras. Hay que precisar, que este proyecto mantiene una distancia de 50 kilómetros de la mina Peñasquito que diariamente extrae de 90 mil a 110 mil toneladas de material y que ha sido destacada por agotar y contaminar el acuífero de Cedros.
La situación de San Tiburcio y las demás comunidades involucradas se mantiene en alerta debido a la lógica bajo la cual operan las empresas mineras. Regularmente llegan a las comunidades anunciando la generación de empleos y derrama económica como vías para instalarse en la senda del desarrollo, pero, al mismo tiempo violan los derechos agrarios y políticos de los campesinos, utilizando el apoyo de los gobiernos en turno con el uso de la fuerza pública para reprimir y criminalizar las protestas y movilizaciones. En este caso, ya se cuenta con la experiencia de las agresiones y demandas penales acontecidas en enero de 2014.
Colaboración de Sergio Uribe.