La mina San Martín está ubicada en el municipio de Sombrerete, Zacatecas. Es propiedad de Grupo México, cuyo dueño Germán Larrea, es el segundo hombre más rico del país. Esta unidad, es la mayor mina subterránea de México, de donde se extrae cobre, plata, plomo y zinc.
El 30 de julio de 2007, los mineros de la sección 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSYSRM) emplazaron a huelga demandando mejores condiciones de seguridad e higiene. El conflicto laboral entre Grupo México y los mineros de la sección 201 se extendió por muchos años, lo cual, ha tenido implicaciones ambientales.
Los habitantes de la comunidad de San Martín y otras comunidades vecinas comenzaron a quejarse por las afectaciones que el polvo proveniente de la presa de jales con poco o nulo mantenimiento, estaba ocasionando al agua y a las parcelas de cultivo de manzana, frijol y durazno.
Los reclamos se hicieron más fuertes en febrero de 2019, el periodista local Ricardo Sánchez publicó en su página de Facebook dos vídeos que muestran la inconformidad de los habitantes afectados por los daños ambientales que genera la mina San Martín, ya que la presa de jales desprende polvo con desechos tóxicos que afectan la producción de frijol y durazno, principalmente. En los mismos vídeos, los afectados demandan el pago por los daños ocasionados (Uribe, 2019). Integrantes del Consejo Estatal de Productores de Durazno esperaban entablar conversación con el gerente de Grupo México.
Posteriormente, el 08 de mayo de 2019, luego de que un grupo sindical abriera de forma ilegal la mina y comenzará los trabajos de mantenimiento, se presentó una falla en una de las válvulas que ocasionó un derrame de 20 mil litros de agua de prueba con sedimentos acumulados de la presa de jales de la mina San Martín, los cuales, recorrieron una distancia de 250 metros fuera de las instalaciones de la minera. Esta situación detonó una movilización de la población afectada, quienes sospechaban que los jales mineros vertidos contenían sulfato de zinc y cobre que podría aumentar los daños ambientales en la región. Asimismo, el derrame afectó las actividades agrícolas en las comunidades de San Martín, Carretas, Proaño, San Antonio de Belén, San Juan del Terrero y San José de Félix (Uribe, 2019).
Es importante señalar que, a la fecha del derrame, la mina tenía cerca de 12 años sin operar debido a la huelga. Esto fue señalado por la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Zacatecas Rocío Salinas Godoy, quien, además, negó que se tratara de un ecocidio, pues no afectó predios de cultivo, sino un arroyo seco (Serrano, 2011).
Pero, el Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas (PPAZAC), Salvador Constantino Ruiz, confirmó que, si existe la presencia de metales pesados como arsénico, mercurio y plata, en el predio contiguo a la Mina San Martín en Sombrerete. Además, afirmó que la empresa minera debe tener un manifiesto de impacto ambiental avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el que establezcan las características de sus trabajos, así como las obras de mitigación y remediación al ambiente (Serrano, 2019).
Los daños ambientales provocados por la presa de jales de la mina San Martín y el reciente derrame tóxico mantiene en alerta a las comunidades afectadas.
Colaboración de Sergio Uribe.