Los habitantes de la zona conocida como Cañaverales, San Juan del Cesar, departamento de la Guajira sostienen que la llegada de la multinacional brasilera MPX Energía controlada por el multimillonario brasileño Eike Batista (quebrada en 2013) generó importantes conflictos ambientales y sociales. Esta busca explotar carbón a cielo abierto, que se suma a los ya conocidos por las explotaciones (El Cerrejón y Drummond) del mismo mineral en la región. El problema es que se piensa extraer el carbón muy cerca (menos de 800 metros) del casco urbano de la población de Cañaverales extrayendo a cielo abierto con tajos hasta de 365 metros de profundidad. Los habitantes de este territorio expresan que se afectarían las pocas fuentes hídricas con que cuenta la región e incluso el cementerio de la misma, en donde ya se han realizado trabajos de exploración. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible otorgó rápidamente el permiso ambiental para la explotación a pesar de que los estudios muestran serias deficiencias en aspectos como las aguas subterráneas (y su interconexión con arroyos y manantiales), la estabilidad de los tajos, la presencia de especies protegidas por protocolos internacionales y que las áreas de afectación definidas por la propia empresa se superponen con las del proyecto Cerrejón. Dentro de los directivos de la empresa que gestionaron la obtención de la licencia ambiental se encuentran altos ex-funcionarios del mismo ministerio (la exministra de ambiente Sandra Suarez, la ex-viceministra de aguas Leyla Rojas y la ex-directora de licencias ambientales Diana Zapata) . En su exposición de motivos el mismo ministerio declara que 'No se identifica usuarios directos del agua en el área de afectación del proyecto y...que es cierto que en la zona la gente se abastece principalmente de pozos profundos y aljibes. La realidad es todo lo contrario, pues el manantial es superficial. Con suficientes razones y con gran preocupación, la comunidad de Cañaverales se declara en asamblea permanente, pues hasta el momento el proyecto explotará el carbón a partir del año 2014, dejando en riesgo la soberanía alimentaria y la producción agrícola de toda la región. En el 2012, se informó que este proyecto minero, que incluye el sistema de logística, será escindido de MPX, formando la empresa CCX Carbón de Colombia, que será independiente. En mayo del 2012, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira), aprobó el Acuerdo 014, por medio del cual se declaró como Reserva Forestal Protectora el 'Manantial de Cañaverales', con un área de 975 ha en el sur de La Guajira. Entre otros, uno de los objetivos de conservación para los cuales se declara la Reserva asegurar a perpetuidad, la producción hídrica y el mantenimiento de los valores bióticos y paisajísticos que ofrece el Manantial de Cañaverales. CCX apoyaría su conservación con una inversión de $160 millones en 2012. En noviembre del 2013, Eike Batista de CCX declarado en bancarrota, vendió las minas Cañaverales y Papayal a la compañía Yildirim Holding, junto con el proyecto San Juan por 400 millones de dólares, el cual incluye logística, entre esas ferrovías y puerto. Para el año 2019, habitantes del corregimiento de Cañaverales en el municipio de San Juan del Cesar, no aceptarán la explotación de yacimientos carboníferos en su territorio, así lo dejaron claro en asamblea general realizada el pasado 19 de marzo del año en curso. Sus pobladores dicen que no quieren padecer los estragos que se han vivido en otras partes del país, por permitir intervenir a la naturaleza. Intuyen que se podría presentar una hecatombe ecológica si permiten la excavación minera. En un comunicado expresaron su sentir por el inminente riesgo de desplazamiento y transformación del uso y vocación del suelo por la ejecución de un megaproyecto minero sobre su territorio, el cual seguirá profundizando la grave crisis social, económica, cultural y ambiental en la región Los pobladores temen que por la intervención de sus tierras se afecten los acuíferos y en especial El Manantial de Cañaverales, que, a pesar de ser declarado Reserva Forestal Protectora, su exposición a la explotación minera pone en riesgo su existencia al igual que la de sus pobladores, quienes en un futuro tendrían que ser reubicados. En ese sentido, los habitantes dicen no estar de acuerdo con la minería y consideran que el proyecto minero de la empresa BCC no garantiza la protección de la vida y la preservación de los ecosistemas naturales de la región. Razón por la cual enumeraron los derechos fundamentales que según se estarían violentando de entrar en marcha este proyecto minero por lo que exigen sean garantizados. Exigen derecho a la vida, la libertad y la integridad: es sabido que en el país los líderes y lideresas en procesos de defensa del territorio han sido atacados, amenazados y estigmatizados. Derecho humano al agua: Con la explotación minera se dificulta el acceso al agua, aumenta la contaminación de cuerpos de agua, se genera la pérdida de fuentes hídricas y las limitaciones en el abastecimiento del vital líquido para el consumo humano. Derecho a la salud: con la contaminación del agua, aire y suelo, el uso de químicos y la exposición al carbón se genera riesgos y daños crónicos a la salud, así como muertes prematuras. Derecho a la alimentación: el cambio o sustitución de la actividad agropecuaria por la actividad minera implica riesgos en la soberanía alimentaria de las poblaciones locales. Derecho al trabajo: las empresas mineras brindan escasas y precarias oportunidades laborales a los pobladores locales y crean economías de dependencia a la industria extractiva haciendo que perdamos nuestra vocación agropecuaria. Derecho a la participación: no se permite que las comunidades decidan conforme a los derechos consagrados en la constitución y las comunidades se ven sometidas a las imposiciones de las empresas.