En mayo de 2018, la empresa canadiense First Majestic que opera el proyecto minero Del Toro en la cabecera municipal de Chalchihuites en el estado de Zacatecas, aceleró las pláticas con el comisariado ejidal del ejido San José de Buenavista, ubicado en el mismo municipio, para concretar sus planes de expansión. La empresa canadiense utilizó prácticas informales basada en la coerción y cooptación para que las autoridades ejidales otorgaran los permisos necesarios y así ocupar 18.8 ha de uso común del ejido con trabajos de exploración minera. A través de Aldo González Camacho, encargado del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa First Majestic, se iniciaron los acercamientos con el comisariado ejidal. Se realizaron reuniones, en las cuales, se presentó a los ejidatarios una cara bondadosa de la extracción minera, se afirmó que era una actividad que generaría empleo y desarrollo para el ejido y la comunidad. En ningún momento se le informó a la asamblea que, incluso los trabajos de exploración, representan una latente amenaza ambiental para el territorio. En el convenio requerido por cinco años, se ofrecía 20 mil pesos en 73 pagos, es decir, 273.97 pesos al mes por ejidatario (Comunicado REMA). A pesar de la irrisoria cantidad monetaria ofrecida, una parte importante de la asamblea, sobre todo la integrada por varones, mostraba intenciones de otorgar el permiso de ocupación de tierra. Esta situación generó alerta en el sector de las mujeres que hacen parte del ejido, quienes solicitaron apoyo al Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) para que brindaran información respecto a las ventajas y desventajas de acceder a la solicitud de la empresa First Majestic, principalmente, sobre las implicaciones socioambientales. Es importante señalar que junto al sector de mujeres que integran la asamblea ejidal, la mayor parte de la comunidad que no es ejidataria también rechazó la posibilidad de otorgar permisos de exploración a la minera, ya que, atenta contra la salud, el agua y la vida en general del territorio. Ante el creciente rechazo, los empleados de la empresa aceleraron el convencimiento de las autoridades agrarias, realizando reuniones personales por fuera de lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Procuraduría Agraria. El propósito era generar enconos y dividir a la población local, además, de incitar a la violación de la Ley Agraria (Comunicado REMA). En respuesta, se llevaron a cabo foros, reuniones y asambleas informativas sobre los impactos de la megaminería contemporánea. Esto fortaleció un grupo encabezado por mujeres ejidatarias y evecindadas, lograron frenar el convenio requerido por First Majestic. En una de las asambleas ejidales, personal de la Procuraduría Agraria con asignación en Zacatecas determinó que el proceso era ilegal, ya que, quien estaba fungiendo como presidente del comisariado ejidal no contaba con los derechos legales establecidos en la Ley Agraria para desempeñar dicha función, por lo tanto, el proceso fue anulado. Sin embargo, a pesar de la decisión no acceder a lo planteado por la minera, el 14 de noviembre de 2019, nuevamente Aldo González se presentó en el ejido San José de Buenavista exigiendo a los integrantes del comisariado ejidal que firmarán la primera convocatoria para llevar a cabo una asamblea donde se autorice a la empresa First Majestic realizar trabajos de exploración, acto que violenta los derechos agrarios (Comunicado REMA). Actualmente la población se encuentra en alerta frente a las presiones y el hostigamiento de la empresa para imponer su proyecto de expansión minero. .