Descripción del conflicto minero:
En la zona Norte del venezolano Estado de Zulia,especialmente en los municipios de La Guajira y Mara se ha venido explotando carbón en las minas "paso de Diablo" y "Norte" y en la Sierra Perijá desde los años '80 por parte de la empresa estatal PDVSA a través de su filial Carbones de Zulia y en asociación con diversas empresas privadas que en los últimos años se han retrado del pais debido a la fuerte inestabilidad económica y las políticas gubernamentales. Desde esos años la explotación de carbón ha causado sistemáticamente serios daños a los ecosistemas locales , especialmente el daño generado en los bosques tropicales de la sierra de Perijá y el catatumbo y sus cuencas hidrográficas como la contaminación de los ríos y embalses, lo que además ha significado fuertes impactos en los centros poblados y pueblos indígenas, especialmente los pueblos Wayuu, Yupka y Bari que en muchos casos han sido desplazados por las faenas carboníferas y sus impactos negativos múltiples.
El día 10 de febrero de 2015 el gobierno nacional venezolano firma el decreto 1606 (gaceta oficial RBV 40.599) donde anuncia la triplicación del área minera que pasa de 72500 hectáreas de concesión a 24.192, cuya finalidad es explotar carbón para abastecer una carboeléctrica que todavía no se construye, un puerto y una red férrea que están a cargo de la empresa Sinohydra que además cuenta con asesoría ingenieril de Essar Project Limited (India). La expansión del área de concesión para la explotación de carbón ha acentuado los conflictos socioambientales que los pueblos originarios de la zona ya vienen enfrentando con la minería carbonífera, poniendo en peligro hasta incluso el abastecimiento de agua de la ciudad de Maracaibo y de otros municipios de Zulia que son abastecidos por los embalses Tulé y Manuelote que quedarían contaminados por la reactivación de la Mina Norte y Paso de Diablos, las cuales han sido constantemente paralizadas por constantes problemas entre el gobierno y los capitales asociados que abandonaron el país.
Frente a ello diversas organizaciones como el Frente de resistencia ecológica de Zulia (FREZ), así como numerosas comunidades indígenas wayuu del la cuenca Socoy en la sierra de Perijá, llevan varios años realizando acciones de resistencia buscando paralizar las obras de ampliación y reactivación de las mineras carboníferas y realizando propuestas para la conformación de territorios energéticamente sustentables, como alternativa al desarrollo eléctrico centralizado, para lo cual también han recibido apoyo de investigadores y trabajadores del sector eléctrico.