Descripción del conflicto minero:
Las comunidades del agrícola municipio de Momostenango, emplazadas en el altiplano occidental guatemalteco en el Departamento de Totonicapán, un municipio predominantemente indígena en donde el idioma predominante es el Maya K'iché, cuyo pueblo del mismo nombre representa el 90% del total de la población del departamento. Momostenango es un territorio donde se han otorgado numerosas concesiones mineras, todas ellas controladas por la empresa Montana Exploradora de Guatemala S.A. que es a su vez forma parte del grupo minero canadiense GoldCorp,. De estas concesiones la más importantes es el proyecto Centauro II (oro, níquel, plata, cobalto, cromo, antimonio, zinc, tierras raras) que en el año 2001 el gobierno guatemalteco autoriza la exploración y en el año 2007 se autoriza una prórroga de dicho permiso lo que levanta una fuerte indignación en las comunidades de Momostenango, la que en el año 2012, momento en que además se autoriza una nueva prórroga para exploración, llevan a cabo una demanda judicial en la Corte de la Constitucionalidad levantando un recurso de amparo presentada por el Consejo de Autoridades Comunitarias de Momostenango, y el Consejo de Autoridades de las treinta y un comunidades del municipio de Momostenango, por la no consulta previa a las comunidades indígenas del municipio lo que significa la violación de sus derechos ancestrales y lo establecido en el convenio 169 de la OIT que ha adscrito el Estado guatemalteco. El fallo judicial se inclina a favor de las comunidades y en contra del director General de Minería del Ministerio de Energía y Minería, dejando en suspenso los permisos de exploración otorgados y estableciendo el derecho a consulta previa a las comunidades como requisito para autorizar cualquier proyecto minero en la zona. La Dirección General de Minería presenta una apelación al fallo del amparo ante lo cual el tribunal vuelve a fallar en el año 2015 en favor de las comunidades y dejando sin lugar el reclamo de la autoridad gubernamental minera.
Previo a ello, en el año 2005 el Consejo de Autoridades Comunitarias de Momostenango forma parte del Frente de occidente contra la Minería, y el consejo ha tenido constantes reuniones, entre ellas con dos presidentes de Guatemala donde explícitamente les señalaron su oposición a la minería en Momostenango, pues las comunidades temen por los impactos que generaría la actividad minera en la espiritualidad maya porque los cerros que se pretenden explotar tienen una función fundamental en la vida de los pueblos K'iché, donde existen además lugares sagrados, aguas termales y también se ubica el casco urbano del municipio; también temen por la venta de terrenos de sus comunidades, entre otros asuntos.
Por su parte, las comunidades de Momostenango no fueron informadas sobre las concesiones mineras ni sobre los detalles de los proyectos mineros que estaban en carpeta en sus territorios, por lo que organizan una consulta comunitaria en el año 2013 donde participaron más de 50 mil personas que rechazan la actividad minera en sus territorios. A pesar de ello , dirigentes locales maya denuncian en el año 2016 que en Momostenango aún existen 11 concesiones mineras y exigen al gobierno que se respete la voluntad expresada en la consulta comunitaria, así como también el fallo de la Corte de la Constitucionalidad.
