Descripción del conflicto minero:
La comunidad de Santa Cruz de La India se emplaza dentro del distrito minero de La India que tiene una larga historia en la zona, ya que la mina que lleva el mismo nombre tuvo un período de funcionamiento entre 1938 y 1956 para la extracción de oro dejando graves impactos ecológicos en el territorio, y después de su cierre muchos mineros artesanales han continuando explotando el mineral a pequeña escala y en pozos pequeños, constituyendo la principal actividad económica de la comarca. Después en los años' 80 se hicieron extensos trabajos de exploración y el Grupo británico Cóndor Gold adquiere la propiedad minera y realiza profundos y extensos trabajos de exploración en todo el distrito, y la concesión La India fue adquirida por la minera a fines de 2010. Desde entonces la empresa ha continuado realizando tareas de exploraciones avanzadas y la instalación de maquinarias para preparar la fase de explotación, ante lo cual la comunidad ha realizado fuertes acciones de resistencia por la no consulta, por la desinformación de la misma sobre las reales implicaciones del proyecto que pretende explotar Condor Gold, por el temor a nuevas afectaciones ambientales mineras como en épocas anteriores donde otras empresas dejaron al pueblo prácticamente sin agua y devastado. Además la minería industrial podría significar la pérdida de empleos de más de 3 mil mineros artesanales que se organizan en pequeños grupos para extraer oro, y también desalojos de los habitantes del casco urbano donde pretende emplazarse la empresa para lo cual ha estado casa a casa intentando convencer a sus habitantes que vendan sus inmuebles, quienes manifiestan rechazo al abandono de su hogar, por lo que se ha ejercido presión reduciendo el agua potable buscando obligar a la gente a desalojar.
Frente a este escenario en Febrero de 2017 la empresa llegó con maquinarias de perforación para estudiar el suelo y miembros del Movimiento Comunal Santa Cruz de La India bloquearon el camino para que no se instalaran las maquinarias, razón por la que la empresa demanda 7 defensores ambientalistas por daño agravado, la que es considerada una grave acusación en Nicaragua; esta situación provocó indignación en la comunidad y se generó un paro escolar como muestra de apoyo a los detenidos, después de ello la empresa cambia de opinión e intentó una mediación que fue rechazada por los miembros afectados, posteriormente. La acusación y el juicio que siguió generaron un paro escolar en el pueblo como muestra del apoyo a los defensores ambientalistas. Después de esto la empresa cambió la postura y quiso mediar pero con base en las acusaciones ya declaradas. En consecuencia los acusados no aceptarían una mediación porque señalaban que está significaría aceptar las acusaciones la empresa desistió de la demanda y con ello marca un antecedente más en la tendencia a la criminalización de la protesta social en el país.
Actualmente la empresa sigue con la intención de explorar y ante la falta de información la comunidad sigue desinformada de lo que podría pasar en su territorio. EL caso fue presentado en el 163º periodo de la CIDH en Perú en el mes de Julio de 2017 para visibilizar internacionalmente la situación en la comunidad y exigir una respuesta al gobierno nicaraguense.