Descripción del conflicto minero:
En el año 2011 la secretaría de Economía otorga concesiones mineras a empresas en la región de La Montaña del estado de Guerrero, un hecho que levantó fuertemente las alarmas de las diversas comunidades que habitan la región. Entre ellas es emblemático el caso de la comunidad de San Miguel del Progreso en el municipio de Malinaltepec, una comunidad Me'phaa (tlapaneca) de aproximadamente 3.800 habitantes.
Esta comunidad decidió en una asamblea general de comuneros no dar su anuencia a la realización de exploraciones y explotaciones mineras en sus territorios, de hecho el presidente del Comisariado de Bienes Comunales ingresó varias solicitudes de acceso a la información pública a la Secretaría de Economía, entidad que les responde e Junio de 2013 que en San Miguel del Progreso existían parte importante de dos concesiones mineras como son "reducción Norte de Corazón TInieblas (titulo 237861), y Corazón de Tinieblas (título 237861) que fueron otorgadas a la minera Hochschild México S.A de C.V. una empresa Peruana financiada con capitales ingleses. Recién en ese momento la comunidad se entera que su territorio está siendo concesionado a empresas mineras, ante lo cual se organiza para llevar a cabo acciones legales para impugnar las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía.
El 15 de Julio de 2013 la Comunidad San Migue del Progreso interpuso una demanda de amparo en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero (expediente 113172013) acusando la violación de los derechos indígenas, de la constitución y del convenio 169 de la OIT, así como la inconstitucionalidad de la ley minera mexicana por la entrega de concesiones donde la comunidad demanda que se analice la compatibilidad de la ley minera con la constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por México, alegando que el artículo 10 de la ley minera no es compatible porque hace referencia a los pueblos y comunidades indígenas sin establecer garantías para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos contraviniendo además la autoadscripción como criterio fundamental para determinar las identidades en el país. En el año 2014 fue notificada la resolución dictada por el juicio de amparo en cuestión en que se otorga el amparo y protección de la Justicia Federal a la comunidad, aunque el juez no considera procedente analizar los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera, y posteriormente el Gobierno Federal impugnó el fallo. Después la comunidad vuelve a presentar una nueva demanda judicial solicitando amparo donde la jueza de Distrito Estela Platero Salado dicta sentencia en favor de la comunidad (429/2016), donde se ordena dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno (02-2015) correspondiente a las concesiones canceladas, y en caso que el Gobierno Federal insistiera en continuar con ese procedimiento debe respetar los derechos indígenas incluyendo el derecho a consulta previa. El fallo también señala que la Secretaría de Economía debe impugnar la resolución donde se liberan los terrenos de las concesiones mineras de Corazón de Tinieblas porque contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT que señalan el derecho de los pueblos indígenas y que el Estado mexicano firmó.
Cuando la demanda de la comunidad estaba a punto de ser analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pos de hacer valer los derechos de la misma, las empresas desisten de las concesiones y éstas se cancelan, con lo cual el gobierno buscó evitar el análisis de la Ley Minera en dicha instancia judicial. Sin embargo, el riesgo de que el gobierno entregue las concesiones mineras de Corazón de Tinieblas a otras empresas sigue latente. Las comunidades perciben este largo proceso de resistencia y movilización como un triunfo que los llena de orgullo para la defensa de sus derechos como comunidades Me'phaa.
El sábado 05 de octubre de 2019, la comunidad declaró su territorio libre de minería, junto a la comunidad de San Luis Acatlán. La declaratoria se llevó a cabo en un foro organizado por El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), el cual, festejó su séptimo aniversario. Con esto, se suman a la comunidad de Iliatenco (El Sur Periódico de Guerrero, REMA.ORG 08 de octubre de 2019).
Días después, en un comunicado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) lamentó el asesinato de Isaías Cantú Carrasco el 11 de octubre, quien fue presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Paraje Montero, del municipio de Malinaltepec e integrante del CRAADT. El principal señalado en los sucesos violentos contra defensores del territorio en el estado de Guerrero, es el gobernador Héctor Astudillo Flores, como artífice o cómplice (La Jornada, Gloria Muñoz Ramírez 19 de octubre de 2019).
