En la cuenca del salar de Salinas Grandes que comparten las provincias argentinas de Jujuy y Salta en la Puna a 4 mil metros de altura, las comunidades kolla y atacamas que la habitan están agrupadas en la Mesa de las 33 comunidades de la Cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc denunciando la violación del derecho a consulta por las exploraciones mineras que en el año 2009 y 2010 se realizaron en el salar dejando graves daños en sus capas acuíferas, especialmente por las perforaciones hechas a mantos acuíferos del salar por sondajes para exploración minera que realizó la empresa australiana OROCOBRE, las francesas Bolloré y ERAMET, y la canadiense DAJIN resources dejando graves fugas de aguas y otros impactos que dañaron los frágiles equilibrios hídricos de los que dependen las especies nativas y las actividades económicas que brindan subsistencia de las comunidades aledañas, donde la producción artesanal cooperativa de la sal tiene un lugar sociocultural y económico de especial importancia en las Salinas Grandes. Dichas xploraciones mineras generaron de inmediato una fuerte preocupación de las comunidades, las cuales al sentirse invadidas por la llegada de maquinarias y automóviles de las empresas en la cuenca, por el ofrecimiento de ayudas sociales de las empresas a algunas familias, los fracasados intentos de firmar convenios con las comunidades, y porque desde esa época el gobierno provincial y nacional con las empresas mineras anuncian en los medios de comunicación anunciando el comienzo de la exploración del litio en las salinas y de la supuesta oportunidad de desarrollo que significaría para la zona el formar parte del llamado “Triángulo del litio”. A raíz de ese hecho, las comunidades de las Salinas Grandes se organizaron como cuenca desde hace más de 6 años llevando a cabo un permanente proceso de articulación y movilización por la defensa de sus territorios exigiendo el derecho a la consulta previa, libre e informada a las 33 comunidades para cualquier intervención minera que se pretenda realizar en la cuenca, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT que en Argentina tiene rango constitucional. Como parte de sus estrategias, se han hecho movilizaciones y tomas de la ruta 52 que conecta con el paso internacional Jama, la difusión de comunicados, el establecimiento de redes de cooperación y asesorías técnicas con diversos actores externos, redactaron un protocolo para la consulta a las comunidades de acuerdo a sus costumbres (Kachi Yupi). También la mesa hizo denuncias en los tribunales provinciales y nacionales con fallos adversos donde el gobierno provincial negó la existencia de autorizaciones de exploración mineras para explotar el litio de las Salinas Grandes lo que se contrasta con la información que las mismas empresas mineras tienen en sus sitios webs que en su momento anunciaban como proyectos propios en la cuenca, sumando a ello los sondajes realizados sin autorización previa y los intentos de intervención comunitarias de dichas empresas. En ese contexto, la mesa de las 33 en el año 2012 levanta una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aún se encuentra a la espera de sentencia. También es importante mencionar que las comunidades gestionó la visita a Argentina del relator de las Naciones Unidas sobre derechos indígenas, James Anaya quien visitó directamente el salar de Salinas Grandes donde escuchó las demandas de las comunidades Kolla y Atacamas. Durante el año 2016 la empresa DAJIN se adquiere la concesión de 90 ml hectáreas para exploración, razón por la que ha vuelto a acercarse a las comunidades para abrir espacio a las exploraciones necesarias para extraer el litio de la cuenca pese a que aún no cuentan con la autorización de la Gestión Ambiental MInera (UGAM), ante lo cual las comunidades nuevamente se encuentran en alerta y movilizándose para exigir el derecho a consultas efectivas y para la protección de la cuenca.