El municipio de Landázuri se ubica en el sur del departamento de Santander, justo en el extremo suroriental de la región del Magdalena Medio (valle interandino), en donde se conectan los departamentos de Bolívar (al norte), Cesar (al norte) y Antioquia (al occidente). La población del Magdalena Medio ha padecido históricamente las inclemencias de la guerra colombiana y, específicamente, desde el año 2004 ha enfrentado bloqueos económicos, alimentarios, sanitarios y de movilización por parte de grupos para-militares. Allí, las violaciones a los DDHH y al DIH son producto de conflictos de intereses que están asociados a las fumigaciones del Plan Colombia, la implementación de megaproyectos de comunicación (terrestre, fluvial y ferroviaria), el desarrollo de proyectos agropecuarios y agroindustriales, y la extracción de minerales, hidrocarburos y metales. En este contexto de riqueza natural y de condiciones aptas para el cultivo y la ganadería, el gobierno nacional ataca sistemáticamente a asociaciones como el PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio) o el OPI (Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio) con intervenciones militares que se articulan con acciones paramilitares. Los dirigentes de estas asociaciones han sufrido señalamientos e intimidaciones mientras la región padece los bloqueos y los desplazamientos. En el período 1994-2007 fueron expulsadas 116.453 personas de los municipios de la región del Magdalena Medio. Los momentos en los que estas expulsiones se han intensificado han sido entre 1999 y 2002 y entre 2004 y 2007. En esta misma región, entre 2005 y 2007, se han cometido 1.067 actos de violencia política y social, cuyas formas más destacadas son la ejecución extrajudicial (406 casos), la detención arbitraria (98 casos), la amenaza individual (86 casos), asesinato (84 casos), herida (65 casos), tortura (51 casos) y amenaza colectiva (46 casos). Entre 2005 y 2007 se registraron 60 combates entre los actores armados del departamento de Santander. La porción de este departamento que hace parte del Magdalena Medio se caracteriza por tener buenas posibilidades para la explotación maderera, petrolífera, carbonífera y de uranio, razón por la cual experimenta disputas por proyectos de exploración multinacional, pero también por territorios para el cultivo, comercio y tráfico de coca. El carbón de esta zona se caracteriza por su alta calidad metalúrgica y su alto poder térmico y coquizable que lo hace atractivo para ser utilizado como fuente energética. Según el OPI, el municipio de Landázuri ha sido una de las zonas de la región con medianos problemas en materia de violación de Derechos, aunque actualmente padece un notable incremento en cuanto a homicidios se refiere: allí se registraron 180 muertos por razones políticas entre 2000 y 2007, y 7 acciones bélicas entre 2005 y 2007. Por otro lado, este es uno de los municipios con mayor recepción de personas desplazadas en el Magdalena Medio: 1.596 entre 2005 y 2007. Además de la creciente violencia, Landázuri enfrenta otros problemas socioambientales y maneja cifras medias de indicadores NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) en la región. Dentro de los principales aspectos que denuncian sus comunidades se encuentran la contaminación y la deforestación causada por la reciente extracción de carbón en la zona, así como la dificultad de emplear mecanismos de participación local. Desde hace un par de años, las comunidades de Landázuri han trabajado en diferentes procesos de empoderamiento como el Espacio Humanitario del Borroscoso Carare Opón y la Mesa de Desarrollo Integral del Borroscoso-Opón, en donde se han discutido diversos temas centrales para la zona como la funcionalidad del tren del Carare y los impactos mineros. Respecto a este último se ha propuesto la elaboración de un código de explotación minera por las organizaciones de base; la demanda de políticas públicas minero-ambientales más eficaces en donde se integre a la población y se articulen los problemas que conectan a todos los municipios de la región; la elaboración del modelo de desarrollo sostenible que propenda por el bienestar social; la exigencia de regalías, de compensaciones económicas por las afectaciones y de la constitución de una comisión ambiental y minera en el Consejo municipal; la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y el respeto del mismo. A nivel departamental se ha iniciado la creación de un Sistema Ambiental Minero Energético de Santander (SIAME) y la necesaria intervención de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de minas y energía.
Mediante contrato de concesión minera FHD - 161 firmado el 27 de febrero de 2005 entre la empresa Inversiones Martínez Leroy Limitada -Invercoal S.A- y el Servicio Geológico Colombiano -INGEOMINAS- se otorga a Invercoal título minero para la extracción de carbón a cielo abierto y por socavón; el pretendido proyecto de explotación de carbón se ubica en el área de Río la Verde y Río Opón, que comprende las veredas Caño Bonito, Puerto Rico, Loma Seca y Quebrada Larga del Municipio de Vélez y las veredas Rio Blanco Alto, Mirador y Rio Blanco Bajo del Municipio de Landázuri en el Departamento de Santander afectaría a un estimado de 300 familias de manera directa, mediante Resolución DGL 1162 del 21 de octubre de 2010 autoriza la explotación de 60.000 toneladas de carbón al mes; la toma de 3 lt/seg de agua, lo que implica más de 93 millones de litros de agua anual; el vertimiento de 0.83 lt/seg , es decir, más de 25 millones de litros de agua contaminada vertida sobre el Río Opón y, la remoción de más de 821.955 metros cúbicos de madera nativa
El titulo minero fue cedido a la empresa India SRSS Resources Mining cuyo capital de creación es de 100,000 Rupias, es decir, $ 3.114.941,61 de pesos colombianos
Ante el avance indiscriminado del proyecto minero, que se encuentra en fase de explotación los y las habitantes de estos territorios iniciaron un plantón pacifico el día 3 de junio hasta el día 26 de diciembre día en el que se llevó a cabo un operativo policial dirigido por el Teniente Coronel Néstor Martínez y el Mayor Oscar Caballero para desalojar las personas y permitir la entrada de maquinaria que dará inicio a obras de extracción minera, denunciando violencia desmedida por parte de los funcionarios del estado, criminalizando el derecho a la protesta, el tribunal dio la orden de captura a campesinos de las localidades por obstrucción y desorden en la vía publica y violencia, en agosto del añ0 2015 fueron dejados en libertad todos los campesinos con orden de detención,
Las comunidades afectadas denuncian vulneración a sus derechos colectivos como lo son el goce a un medio ambiente sano, el equilibrio ecológico, la libre escogencia de un trabajo u oficio, la salubridad pública, la preservación del patrimonio y alegan no haber sido tenidos en cuenta en la socialización del proyecto
