La comunidad de Salaverna se ubica en el municipio de Mazapil, a unos 18 kilómetros de la carretera Saltillo-Zacatecas y a unos 15 kilómetros de la cabecera municipal, que, a su vez, se encuentra a una distancia de menos de 25.3 kilómetros de la mina Peñasquito y a unos 73 km de San Tiburcio, ejido donde se localiza el proyecto minero en desarrollo Camino Rojo.
El municipio de Mazapil, por su parte, está situado en la región noreste del estado de Zacatecas, en una cuenca, rodeado al norte por la sierra de la Caja y el Cerro del Carnero, al oriente por el Temeroso, al sur por el Cerro Alto, al oriente por el coloso pico del Teyra, así como por la Sierra de San Julián
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En Salaverna se encuentra instalada la minera Frisco-Tayahua, filial de Grupo Frisco, que pertenece al hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. Esta unidad especializada en la extracción de cobre con la técnica de socavón inició sus operaciones en 1972, pero en 1998, Grupo Frisco adquirió el 51% de las acciones, aprobado por la Subdirección de Minería, de la Secretaría de Economía en Zacatecas. En mayo del 2011, Frisco incrementó su participación a un 90.2%.
En la actualidad se han presentado diversos litigios por el derecho de propiedad, entre empresas mineras (en particular, Minera Frisco) y los pobladores de Salaverna. Por su lado, Grupo Frisco afirmó que tiene escrituras por mil 458 ha. pero, en los planos del municipio de Mazapil el espacio que ocupa Salaverna y el polígono de las escrituras mostradas por la minera, registran ser terrenos nacionales.
Además, la empresa no ha podido comprobar que esas tierras salieron del domino de la nación. Por otra parte, algunos pobladores de Salaverna ya habían logrado obtener su derecho de posesión en el registro público del municipio, pese a que no aparece en los archivos; sólo aparece registrada la propiedad perteneciente al Grupo Frisco a partir de finales de los años noventa.
Esto es así, porque Grupo Frisco logró ingeniárselas para que un notario público de Saltillo legalizara y diera poder jurídico a su argumento de titularidad de los terrenos. En los diferentes litigios la empresa ha presentado escrituras apócrifas, en las que presume tener la titularidad de la propiedad. En base a ello, ha logrado obtener los permisos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (SEMARNAT).
Bajo ese contexto, se ha generado un conflicto entre algunos grupos de población de Salaverna que incluye otras dos comunidades, Majadas y Santa Olaya, y la Minera Frisco-Tayahua. La empresa pretende realizar un cambio en el uso de suelo y desarrollar el proyecto calcocita-Salaverna, un proyecto de explotación a cielo abierto por 10 años, en el que se extraerían 10 mil toneladas diarias de material procesable y 25 mil toneladas de material rocoso estéril. Con una inversión proyectada de 45 millones de dólares, la minera planea obtener diariamente 42 toneladas de cobre catódico con 99.99% de pureza, en un proceso que incluye trituración, lixiviación con ácido sulfúrico, extracción por solventes y depositación electrolítica.
Para esto resulta necesario reubicar a la población. Por lo tanto, en 2010 comienza el acercamiento de funcionarios de la empresa Frisco Tayahua para informar a la población local de Salaverna la necesidad de una reubicación, alegando que era un lugar en riesgo para el asentamiento humano. Los funcionarios llevaban un estudio realizado en la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) donde corroboraba técnicamente lo expuesto por la minera Frisco, sin embargo, no se decía nada sobre las intenciones de Frisco para llevar a cabo un cambio en el uso de suelo y explotar la mina subterránea con la técnica de tajo a cielo abierto.
En el mismo 2010, Frisco intervino en la asamblea para elegir al delegado municipal, quien tiene funciones como representante legal ante el municipio. La empresa buscaba que quedara como representante una persona con quien fuera más fácil negociar. No obstante, en esa asamblea quedó como delegado municipal don Roberto de la Rosa Dávila, quien ha sido un referente importante en el proceso organizativo y en la resistencia frente a la minera Frisco.
En junio de 2010 se realizó la última fiesta patronal, ya que alrededor de 25 familias encabezadas por Carmen Carvajal aceptaron la reubicación en el nuevo complejo habitacional llamado Nuevo Salaverna a cambio de una casa en comodato y 15 mil pesos, al firmar la reubicación las casas eran demolidas a punta de marro por personas contratadas por la empresa, dejando un paisaje desolador en la comunidad con un gran número de casas en ruinas.
Es importante señalar que Nuevo Salaverna es una colonia conformada por casas tipo INFONAVIT de 15 metros de largo por 7 metros de ancho, un jardín de niños, una escuela primaria, una telesecundaria, clínica del Seguro Social, una iglesia y una Biblioteca Digital Telmex. En Salaverna se contaba con estos servicios, menos con la biblioteca Telmex. No obstante, no hay forma de comparar las 1,200 hectáreas de tierra con que contaba el pueblo a una colonia de entre 8 y 12 hectáreas.
Una de las estrategias de Frisco fue el uso de la ingenería de conflictos para dividir a la población, por esa razón, la comunidad se fragmentó en cuatro representaciones: la de Carmen Carvajal, Francisco Javier Contreras, Estanislao Mendoza y Roberto de la Rosa Dávila.
El 06 de diciembre de 2012 se ocasionó un hundimiento en una zona del poblado como resultado del uso de técnicas de barrenación larga, causando miedo y pánico en los habitantes que tenían sus viviendas cerca del siniestro, por lo cual, un segundo grupo liderado por Francisco Javier Contreras aceptó la reubicación en el nuevo complejo habitacional.
En 2016, ante las presiones de la empresa, el grupo encabezado por Roberto de la Rosa decidió aprobar el asesoramiento legal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y los abogados de esta organización trasladaron el caso a nivel Federal a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Se exigía a la empresa que demostrara con documentos legales que los terrenos eran de su propiedad y que salieron del dominio público de la nación.
El 06 de diciembre de 2016 iniciaron los trabajos de deslinde por parte de la SEDATU. En este caso, el Ejido Mazapil una de las partes involucradas junto al grupo de población liderado por Roberto de la Rosa y la empresa, llegó a un acuerdo económico con Frisco. Los trabajos consistieron en la identificación de las coordenadas para georreferenciar cada uno de los puntos perimetrales de la comunidad para definir el terreno que, en este caso, la comunidad solicitó.
El 23 de diciembre de 2016, la comunidad vivió uno de los momentos de violencia más fuertes, pues con el argumento de la supuesta falla geológica natural, arribaron a Salaverna funcionarios de gobierno del estado, autorizados por Gilda Fabiola Torres, secretaria de gobernación. Con el uso de la fuerza y maquinaria pesada iniciaron un desalojo forzado de las personas que aún permanecían habitando la comunidad, demolieron la iglesia, la escuela, la delegación municipal y un colegio. Un grupo de mujeres y jóvenes evitaron la destrucción de sus casas y lograron contener la agresión. A través de los medios de comunicación y las redes sociales se hizo público lo que estaba pasando, a lo cual, diversas organizaciones sociales se solidarizaron y apoyaron un bloqueo de más de diez horas de la avenida principal de la ciudad de Zacatecas, esa fue la única forma de detener el ataque.
A pesar de la relación desigual entre la empresa y la comunidad, Frisco no ha logrado realizar el cambio de uso de suelo debido a la lucha por la tierra y la defensa del territorio que ha emprendido el grupo de población que lidera Roberto de la Rosa, don Beto, como es conocido. Esto, ha detenido la devastación ambiental en la región, la cual, se aceleró con el inicio de las operaciones de la mina Peñasquito.