El 19 de febrero de 2006 ocurrió una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila debido a las altas concentraciones de gas metano y a la falta de medidas de seguridad para los trabajadores de parte de la empresa Industrial Minera México S. A. (IMMSA). Ahí murieron 65 mineros, pero sólo se encontraron y rescataron dos cuerpos, los restos de los otros 63 quedaron sepultados en el interior del tiro de la mina.
La organización “Familia Pasta de Conchos” encabezada por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, deudos y 16 agrupaciones afines a la Iglesia Católica ha luchado por que se finquen responsabilidad por el terrible suceso, además, han exigido el rescate de los cuerpos restantes de los mineros fallecidos. Muchas familias se han negado a recibir indemnización sin la entrega de los cuerpos de los mineros atrapados. Por su parte, la empresa IMMSA, filial de Grupo México, reconoció que ya no es posible recuperar los 63 cuerpos.
Cristina Auerbach Benavides, abogada y representante de las familias de Pasta de Conchos señaló que "había mineros que no cotizaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 110 pesos, sino con cantidades superiores, por lo que con estas indemnizaciones y pensiones el gobierno federal pretende hacer creer a la opinión pública que ya se está castigando a Grupo México, cuando en realidad sucede todo lo contrario" (Notimex, El Universal Ciudad de México 29 de septiembre de 2008).
El 4 de abril del 2006 IMMSA, ordenó el cierre de la mina y aseguró que el cese de las búsquedas se debe a que existe una inundación de la mina entre un 25 y 75%, existiendo altos grados de contaminación bacteriológica, la cual, podría contagiar a los rescatistas, familias y poblaciones enteras, todo esto basado en un peritaje realizado por la misma empresa. No obstante, para el año 2008, un grupo de viudas y familiares decidieron realizar un rescate independiente, acusando abandono de la empresa y de las autoridades del gobierno. Pero, días después de este rescate llegaron cuerpos policiales para detener esta acción.
Ese accidente dio lugar a un fuerte cuestionamiento de las instancias de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) encargadas de supervisar la seguridad en las faenas mineras. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMRM) calificó el incidente como un “homicidio industrial”. Asimismo, despertó la indignación pública al hacer manifiestas las condiciones escandalosas en que trabajan los mineros del carbón. Dicha toma de conciencia podía sorprender a quienes han estudiado por largos años las condiciones de vida de los mineros del carbón en esa región del norte del estado de Coahuila (COLMEX).
En 2018, la organización Familia Pasta de Concho publicó el informe “El carbón rojo de Coahuila: Aquí se termina el silencio”, en el que aseguró que la explosión, que dejó 65 trabajadores muertos el 19 de febrero de 2006, “no fue causada por una caprichosa acumulación de gas”, sino que fue “evitable” y “ocasionada por un sistema de ventilación insuficiente y por precarias condiciones de seguridad y mantenimiento en que (la empresa) Grupo México –propiedad de Germán Larrea— mantenía sus instalaciones. En el informe, la organización también denunció que las violaciones a los derechos humanos en la región carbonífera “son promovidas, protegidas y alentadas por el mismo Estado, que concesiona, reglamenta, compra y usa carbón extraído de forma ilegal”.
En el 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno hará todo lo posible para hacer justicia a los deudos de Pasta de Conchos, esto a 13 años de la tragedia en la que quedaron sepultadas decenas de mineros mexicanos. Sobre este tema Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, anticipó en reunión con los afectados, que se instalará una mesa de trabajo para encontrar mecanismos que permitan gestionar la reparación del daño causado a los deudos.
"Que especialistas del mundo puedan opinar para que se hagan, si es posible las excavaciones y se rescaten los cuerpos de los fallecidos”, dijo López Obrador.
En los pasados 13 años los directivos de Grupo México han querido ocultar su responsabilidad, así como su despreciable esencia, corrompiendo a abogados, a políticos, a jueces, a periodistas y medios de comunicación, a despachos de especialistas, así como muchas otras organizaciones y personas, para que esta tragedia quedara sepultada, para que no se supiera más de ella y que no se volviera a mencionar. Esta vil empresa ha querido desviar la atención de su responsabilidad en Pasta de Conchos, así como en el peor desastre ambiental que ha visto esta nación, ocurrido en Sonora en 2014, tratando de imponer una imagen que la cataloga como “socialmente responsable”, cuando se sabe claramente de su perversidad.
