Descripción del conflicto minero:
La planta de beneficio de minerales se pretende asentar sobre un terreno ubicado en la parte posterior de una empresa de cal que se encuentra a un par de kilómetros de la Peña de Bernal y a uno de la comunidad de San Antonio de la Cal, que pertenece al municipio de Tolimán, y cuya mayoría de habitantes son indígenas otomíes.
El alcalde tolimanense, Diego de Santiago Luna dice no saber si la empresa contaminará o no, pues desde que inició su gestión -en septiembre pasado- a la fecha, nadie de US Antimony de México se ha acercado para platicar.
“Yo no conozco a nadie de esa empresa; no han venido ni siquiera a informarnos qué quieren, qué pretenden hacer, si contaminan o no; por eso, no hay marcha atrás. No hay permiso para ellos”, dijo el munícipe.
Ilegalmente el anterior gobierno municipal autorizó cambio de uso de suelo al terreno en que se pretende instalar, pues la única instancia facultada para ello es el gobierno municipal; además, el acuerdo debió publicarse en el periódico oficial de la federación, lo que a la fecha no se ha hecho.
También autorizó la licencia de construcción sin haber entregado la información requerida y no hay expediente del trámite ni en el Departamento de Obras Públicas ni en la Secretaría del Ayuntamiento.
En términos llanos, no existen condiciones legales para que se construya, instale y funcione dicha empresa minera, por lo que, en sesión del 15 de enero, el Cabildo revocó todo permiso emitido favorable a esta empresa.
No obstante, lo anterior, la delegación en Querétaro de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expidió el certificado de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en el que considera que la instalación y operación de dicha industria, no representa afectación alguna para la fauna, para la flora como tampoco para los habitantes de la región.