Descripción del conflicto minero:
La búsqueda de oro, cobre y molibdeno que realizará la multinacional Muriel Mining Corporation compromete territorios de comunidades afro y resguardos indígenas de los municipios de Carmen del Darién y Murindó, quienes ven amenazados sus derechos ancestrales sobre la propiedad de la tierra y temen un desplazamiento masivo que acabe con su cultura.
De hecho, las actividades de la Muriel, que comenzaron en firme el pasado mes de diciembre, ya generó la movilización de 700 indígenas Emberá-Catío de los resguardos Guagas, Coredocito, Coredó, La Isla y Chajeradó, ubicados en el municipio de Murindó, hacia los campamentos construidos por la compañía en cercanías del cerro Careperro, en Carmen del Darién (Chocó).
De acuerdo con miembros de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) la situación de los aborígenes, quienes aún permanecen en la zona, es bastante delicada debido al hacinamiento en que se encuentran y a que no cuentan con suficientes alimentos ni agua potable para su consumo, lo que está ocasionando la propagación de enfermedades estomacales y agravando la situación de desnutrición de los más jóvenes.
el Gobierno nacional que a finales de la década del 80 y principios del año 2000 autorizó la exploración de la región a varias multinacionales extranjeras que no tuvieron éxito. En el año 2004, el entonces gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le otorgó a la Muriel Mining Corporation la concesión de nueve títulos mineros para la prospección y exploración de por lo menos 16 mil hectáreas, comprendidas en la región del cerro Careperro.
Para el pueblo Emberá-Catío, el cerro Careperro constituye uno de los sitios más sagrados de su cultura. Son varias las leyendas que afirman que ante el asedio de los conquistadores españoles, algunos Jaibanas (máxima autoridad ante los Emberá) huyeron hasta el Cerro, llevando consigo adornos y ofrendas de oro.
Así las cosas, el panorama que se avecina para los pueblos indígenas y afro no es muy alentador y hay quienes incluso advierten que, de no tomarse medidas urgentes, puede ponerse en grave riesgo la existencia de una comunidad ancestral como los Emberá-Catío
En marzo de 2010 la Corte Constitucional mandó suspender el proyecto, pues consideró Mandé Norte, alterará de manera inevitable el equilibrio ecológico y la biodiversidad de la zona, por lo que debe también cumplir el requisito de consulta previa con la totalidad de las comunidades afectadas. Ese paso no se cumplió y por eso los magistrados ordenaron frenar la explotación.
La Corte Constitucional ordenó al Ministro del Interior y de Justicia que rehaga los trámites de consulta previa, ordenó al ministro de Ambiente que realice los estudios científicos integrales y de fondo sobre el impacto ambiental y al ministro de Defensa Nacional que analice y subsane las razones por las cuales las comunidades indígenas y afrodescendientes que ancestralmente habitan en la región irrigada por los ríos Jiguamiandó, Uradá y Murindó, no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad.
Fuente: Agencia de prensa IPC