La Empresa Vinto, administrada por la firma Sinchi Wayra (viento fuerte, en aymara), filial de Glencore, que en 2005 adquirió la empresa al potentado minero y ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, autoexiliado en Estados Unidos, fue renacionalizada por Evo Morales en febrero de 2007.
De hecho, según el Ministro de Minería, Guillermo Dalence, ''hay fundamentadas dudas de que Glencore haya comprado la empresa minera a Sánchez de Lozada'', derrocado en octubre de 2003 por un levantamiento popular en la ciudad de El Alto, que se opuso a la exportación de gas a Estados Unidos por puertos chilenos. Dalence afirmó, consultado por la eventual demanda del consorcio suizo, que se ''demostrará en cualquier escenario'' la validez de los argumentos jurídicos y técnicos de la nacionalización decretada por Morales.
El cónsul de Suiza en La Paz, Eros Robbiani, afirmó que entre su país y Bolivia está vigente un Tratado de Protección de Inversiones, firmado en 1991, que ''prohíbe la expropiación de inversiones hechas por corporaciones suizas en Bolivia, salvo que fuera en interés público, y acompañadas por el pago de una compensación efectiva y adecuada''.
El diplomático afirmó que si tras la fase de negociaciones no existe un acuerdo, Glencore podrá recurrir al arbitraje del CIADI, creado en 1966, con sede en Washington, al que Bolivia se adhirió en julio de 1995.
El CIADI es una institución que, en el marco del Banco Mundial, facilita a los inversionistas extranjeros medios internacionales de conciliación y arbitraje para resolver sus diferencias con los Estados receptores de la inversión.
El gobierno argumenta que la fundidora, construida en la década del 60, fue tasada en 1999 en 140 millones de dólares, pero para su privatización su valor fue estimado en 14.7 millones de dólares por la francesa BNB Paribas.
El consorcio indio Allied Deals pagó a Bolivia ese monto, pero no se tomaron en cuenta bienes y minerales almacenados por 15.5 millones de dólares. El consorcio, tras quebrar, vendió sus acciones en 2003 a la empresa Comsur, de Sánchez de Lozada, en 6 millones de dólares.
En 2005, dos años después de que Sánchez de Lozada fuera derrocado, Comsur vendió todo su patrimonio minero en Bolivia por unos 200 millones de dólares, incluida Vinto, según distintas fuentes.
El ministro boliviano de Minería, José Pimentel, aseguró que desde hace un año el Gobierno busca "la transformación de los términos de contrato" de la minas Bolívar, Porco y Colquiri, pero que "lamentablemente" Sinchi Wayra no ha respondido a esa solicitud.
Glencore controla esas concesiones mineras desde 2005, cuando las adquirió a la empresa boliviana Comsur del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003). En aquella operación, Glencore también adquirió la metalúrgica Vinto y la fundidora de antimonio del mismo nombre.
La fundidora de antinomio fue expropiada a su vez en 2010, aduciendo abandono de la empresa y necesidades del país de que estuviera activa.
Glencore ha exigido pagos de indemnizaciones que el Gobierno se niega a erogar, por lo que la transnacioal, después de prácticas como boicotear las ventas y solicitar a l gobierno de su país que interceda a su favor, a recurrido al arbitraje internacional, pero aún no hay dictamen de la CIADI.
Los expertos en minería y metalurgia, Brian Mc Conell y Humberto Gutiérrez en declaraciones a la revista Energy Press señalaron que la utilización de equipos y procedimientos antiguos en la Empresa Metalúrgica de Vinto genera una gran contaminación atmosférica y permite que minerales como el plomo, arsénico y azufre se dispersen por el aire.
