Conflicto Minero: Desafectación del Parque Nacional Lauca en favor de las transnacionales mineras

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Información general

Ubicación Putre
Pais(es) Chile
Inicio del conflicto 1999

Comunidades afectadas

Actores involucrados


Descripción

Desde que se planteó la posibilidad de explotar las enormes riquezas minerales que guardan los terrenos del Parque Nacional Lauca, el apetito de inversionistas nacionales y extranjeros dejó en un segundo plano el carácter de área protegida que desde 1970 tiene esa reserva ecológica. La propuesta, contradictoriamente promovida y firmada por el Ministerio de Minería, a través de su titular Sergio Jiménez, permite excluir y desafectar 43 mil 361 hectáreas del Parque Nacional Lauca, convirtiendo en letra muerta el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y pasando a llevar además los planteamientos de la Convención de Washington y del Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas que declaró a la zona como Reserva Mundial de la Biósfera. Aunque estudios preliminares habían hablado de permitir la actividad minera en una extensión entre 24 mil y 39 mil hectáreas del mencionado parque, lo cierto es que el decreto final contempla un territorio mayor al que se había considerado. Con esto, se autorizan las operaciones de yacimientos de oro, plata y cobre, que según estudios de Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería) ocuparían parte de las 354 mil hectáreas protegidas actualmente en Parinacota, de las cuales 138 mil corresponden al Parque Lauca; sectores que se han convertido en los principales atractivos turísticos de la región y que, sin embargo, la ambición por generar mayores recursos pese al costo ambiental que ello implica, pone en serio riesgo. Y es que junto con restar espacio a la flora y fauna nativa, este tipo de proyectos no garantiza en lo más mínimo un desarrollo a la par con el medio ambiente. Larga es la lista de ejemplos donde la actividad minera termina sacrificando suelos y cursos de agua por muchos kilómetros a la redonda, ya sea por el mal manejo de los tranques de relave o por las emisiones contaminantes que derivan de sus procesos productivos. En este sentido, las aprehensiones de grupos ambientalistas son justificadas, ya que la actitud gubernamental demuestra cómo los intereses económicos y una visión a corto plazo dejan de lado otro tipo de iniciativas que podrían generar recursos sin afectar el entorno. Una muestra de ello es que representantes de las comunidades aymaras que habitan en las localidades de Parinacota y Chucuyo, reclaman que durante mucho tiempo se les impidió implementar algunos proyectos relacionados con el ecoturismo, lo que llevó a algunos de esos propietarios a solicitar la desafectación de sus tierras para así impulsar este tipo de proyectos, lo que les fue negado. Y aunque para conseguir el propósito, los interesados en explotar los recursos mineros deben contar con una ley que ampare una expropiación, las señales hasta ahora entregadas por el mismo Estado no son las más auspiciosas para confiar en que primará la protección de esa reserva natural. ANTECEDENTES Uno de los puntos del Plan Arica es el que pretende convertir parte del Parque Nacional Lauca (el borde norte y su franja occidental) en el asentamiento de una serie de proyectos mineros. Motivadas por estos anuncios, en los últimos años, algunas empresas han presentado solicitudes para realizar labores de exploración y/o explotación al interior de las áreas silvestres protegidas, entre las que se cuentan las propuestas de Billiton Chile S.A. al interior del parque mismo; Asarco Incorporated y Sociedad Contractual Minera Vilacollo, ambas al interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas. Un factor que hace más preocupante el destino que se le dará a esos terrenos, de los cuales 138 mil hectáreas están inscritas como parte del Parque Nacional, 205 mil a nombre de la Reserva Nacional Las Vicuñas y 11 mil que corresponden al Monumento Natural Salar de Surire. Estas dos últimas áreas no están sujetas a la ley -como sí es el caso de los terrenos del Parque Nacional-, sino sólo a una decisión del Poder Ejecutivo. Un pésimo antecedente si se tiene en cuenta que -como lo demuestran los hechos- es el mismo Ejecutivo el que ha pasado a llevar una serie de tratados internacionales, al proponer la explotación minera en la zona protegida.



Derechos vulnerados

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