La inestabilidad del precio del oro en los mercados internacionales no ha sido el único factor que se ha opuesto con vehemencia al Proyecto Cerro Casale, que pretende comenzar la explotación de oro y cobre en la Tercera Región del país. También lo han sido, desde que la empresa presentara su Estudio de Impacto Ambiental a la CONAMA, una serie de organizaciones sociales que ven con recelo el grave impacto que una iniciativa de estas características podría tener en la zona.
Agricultores, representantes de la etnia de los Kollas, el Consejo Ecológico Comunal de Tierra Amarilla, entre otros protagonistas, han tomado en sus manos la defensa de esa tierra que por tanto tiempo ha sido generosa, creando empleos en el sector agrícola que sólo en temporada de cosecha superan los 25 mil puestos de trabajo, y siendo además el refugio de una rica variedad de flora y fauna.
Para la Asociación de Agricultores del Valle de Copiapó, la posibilidad que este proyecto sea aprobado reviste una clara amenaza contra esa tierra fértil, debido a las consecuencias que puede traer que en ella se depositen los millones de toneladas de estériles que las operaciones del Proyecto Cerro Casale, también conocido como Aldebarán, durante los 18 años que vislumbra su funcionamiento. Incluso la Comisión Regional del Medio Ambiente de Atacama se ha mostrado cauta ante la ubicación del tranque de relaves, el que se construiría en la cuenca superior del Río Nevado. Ello representaría una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar, debido a que contendría gran cantidad de productos químicos tales como cianuro, y que, por encontrarse en un área expuesta a los caprichos de la naturaleza (lluvias, aluviones o terremotos), podría contaminar de un minuto a otro una importante fuente abastecedora de agua.
Otro de los temas sensibles es es los 246 kilómetros de mineraducto que se necesitan para completar las faenas, los que correrían paralelo a ríos por una extensa distancia, cruzando estos cauces en reiteradas oportunidades, y acrecentando aún más la amenaza de una tragedia ambiental.
A esto se suma la enorme demanda de agua que el Proyecto Aldebarán requiere. La compañía minera cuenta con derechos de agua provenientes de pozos ubicados en Piedra Pómez, desde donde se extraerán cerca de 900 litros por segundo, mientras un agricultor sólo utiliza un promedio de 1,5 litros. Una cantidad demasiado elevada para la zona, que significará una alta demanda para las fuentes que también abastecen de forma superficial y subterránea a los ríos y napas que alimentan al Río Copiapó, el que permanentemente presenta niveles deficitarios. El acueducto que Aldebarán planea habilitar, de 121 kilómetros de longitud, atravesaría además dos parques nacionales (Nevado Tres Cruces y Laguna del Negro Francisco). Junto a eso, el proyecto pone en riesgo 69 sitios arqueológicos, según denuncia el Consejo Ecológico que representa a 12 mil habitantes de Tierra Amarilla.
Otro factor preocupante lo constituye el traslado de las cinco mil toneladas de cianuro que cruzarán las rutas de la región cada año (90 mil en 18 años), sin que exista hasta ahora un compromiso de parte de la minera de mejorar esos caminos, elemento que hace más posible la ocurrencia de accidentes.
Las importantes inversiones que desde 1980 realizan los productores de uva de la región, es otro de los elementos que obliga a mirar con más atención las implicancias que este proyecto podría tener sobre la agricultura. Sólo en el valle de Copiapó existen actualmente 7 mil hectáreas de parronales, con una producción que en el período 1999-2000 llegó a 10 millones de cajas de uva de mesa de primera calidad, las que fueron exportadas a Estados Unidos (7 millones) y a países de Europa, Asia y el Medio Oriente, entre otros destinos.
Un cúmulo de cifras que, a la hora de evaluar los beneficios económicos -factor que demasiadas veces se impone por sobre el ambiental-
, constituye la prueba más contundente de cuáles deben ser las prioridades.
ANTECEDENTES
Al igual que Pascua-Lama, el proyecto Aldebarán representa una de las apuestas auríferas de la región, constituyéndose por sí mismo en una tentadora fuente de recursos para sus ideólogos, sin que ello implique beneficios importantes para los pobladores del sector donde se emplazaría, debido a que es básicamente lo que se denomina "un proyecto de explotación".
De hecho, muchos vecinos de Tierra Amarilla dudan que la mano de obra que prometen generar, que durante su etapa de construcción equivaldría a 4 mil puestos, salga de la comuna. Una duda que se convierte en otro de los argumentos para defender la agricultura, sin que se dé cabida a la posibilidad de que, por ejemplo, las 16 mil cabezas de ganado que poseen las comunidades Kollas en el Río Jorquera se vean afectadas por la contaminación que podrían generar los depósitos de desechos producidos por la empresa.
Las enormes dimensiones de este proyecto involucran a varias comunidades: la mina a tajo abierto y sus instalaciones, incluída la planta y el ducto para el transporte del mineral, se emplazarían -de ser aprobado éste- entre las comunas de Tierra Amarilla y Caldera, mientras que la producción minera se embarcaría por el Puerto de Candelaria, propiedad de Phelps Dodge.
Son los pobladores de estos sectores quienes, claramente, prefieren continuar viviendo de la agricultura, debido a que ello les garantiza el mantenimiento de un entorno saludable y libre de contaminación. Y pese a que su oposición a Aldebarán no busca desechar actividades productivas alternativas para la región, sí exige que el desarrollo sustentable sea el requisito de cualquier proyecto que se presente
El año 2011 fue presentado ante el seia, un nuevo proyecto, que busca la optimización de mina, con una nueva empresa canadiense, como socio a cargo Goldcorp Inc, dueña del proyecto Norte abierto, compuesta por la mina cerro Casale y Mina Caspiche. El proyecto de optimizacion, tras solicitar 2 veces permiso, finalmente fue aprobado a traves del Comite de Ministros en el año 2017, asi pudiendo explotar oro y cobre por una inversion US$ 5.200 millones
