Descripción del conflicto minero:
El lago de Junín o Chinchaycocha se ubica en la Pampa de Junín o Meseta de Bombón, sobre 4000 msnm, entre las provincias de Pasco y Junín. Tiene una superficie aproximada de 53000 hectáreas y es el segundo lago en importancia del país. Tiene numerosos afluentes pequeños y su único efluente es el río Mantaro. El lago es una reserva nacional (1974) y sitio Ramsar (1997). Entre la biodiversidad del lago destaca el Zambullidor de Junín (Podiceps Taczanowskii), especie considerada en peligro de extinción.
Es un conflicto histórico y originado a partir de la contaminación del río San Juan, por actividades mineras en Cerro de Pasco (hoy Volcán Cía. Minera) y Colquijirca (El Brocal), y el embalse de las aguas del Lago Junín (desde 1929) para la generación eléctrica (Electroandes y ElectroPerú) que provoca la inundación y contaminación de tierras de nueve comunidades y el desplazamiento de algunos pequeños poblados de las comunidades de Pari, Vicco y Cochamarca.
La función de la represa Upamayo es almacenar agua del lago Chinchaycocha para asegurar la provisión del recurso necesario para generar energía en la época seca. El almacenamiento de agua requiere la elevación del nivel de agua en el lago durante varios meses al año. A causa del embalse, las aguas contaminadas del río San Juan ingresan al lago afectando su biodiversidad y las tierras de pastoreo, lo que motiva el reclamo de las comunidades.
Una nueva etapa en el conflicto se iniciaría en la década de los noventa. En 1994 las comunidades campesinas afectadas de Pasco y Junín realizaron denuncias públicas sobre la situación ambiental del lago convocando a un grupo de congresistas y periodistas; esta acción fue promovida por el Comité de Defensa del Lago que daría origen al Frente Ecológico Alto Andino (Pasco ? Junín).
En 1996 el aumento en el nivel de la presa y la convocatoria a la privatización de la empresa Electroandes ?concretada en julio del 2001? motivaron que las comunidades plantearan su reclamo frente a las inundaciones, ya que con la privatización se pensaba que se iban a eludir los compromisos de compensaciones anteriores. Debemos sumar a ello otros factores como la constitución de la Comisión Ambiental Regional Andina Central (CAR) del CONAM y de CONACAMI en 1999, cuyas agendas incluían como tema central la problemática del lago Junín. Las comunidades recién se incorporarían al proceso de la CAR al constituirse el Grupo Técnico Multisectorial sobre el lago (diciembre, 2000).
A partir del año 2000 las comunidades desarrollan una serie de actividades de sensibilización, movilización y organización. Destaca la Jornada por la Defensa del Lago Chinchayocha que moviliza a científicos, periodistas y comunidades de la zona (octubre, 2000), el paro regional y marcha pacifica en La Oroya (mayo, 2001), la constitución del Comité de Vigilancia Ambiental del Chinchaycocha (septiembre, 2001) y en seguida acuerdan desembalsar el lago Junín (octubre, 2003) como medida de presión.
En julio de 2001, las comunidades acordaron retirarse del Grupo Técnico del Lago Chinchayocha de la CAR argumentando ?haber notado que se excluye a las comunidades de las decisiones y que no hay resultados concretos en la recuperación del lago?. Este último acuerdo se origina por diferencias respecto al monitoreo conjunto del nivel de embalse (mayo, 2001).
En enero del 2002, el Congreso de la República declaro por ley en emergencia ambiental la Reserva Nacional de Junín, convocándose inmediatamente a la constitución de una Comisión Multisectorial Descentralizada encargada de elaborar y aprobar el Plan y Sistema de Gestión Ambiental Chinchaycocha, el mismo que sería aprobado en diciembre dando lugar a la creación del Comité de Gestión Ambiental. Las comunidades afectadas participaron en este proceso con dos representantes, uno por Pasco y otro por Junín, y solicitaron la incorporación de aportes al plan y la
participación equitativa en el comité, que al no ser discutidos oportunamente por la CAR-CONAM, que consideraba ?extemporáneos?, originaría la realización de un paro regional de las comunidades afectadas del Lago Junín en mayo del 2003.
En el paro regional las comunidades demandaban ?soluciones inmediatas? a la contaminación minera y el embalse; esta acción implicó en la práctica un bloqueo de carretera durante los días 13 y 14 de mayo y la amenaza de desembalsar el lago. Como consecuencia del paro regional 24 comuneros y dirigentes fueran denunciados por los delitos de daños y peligro común en agravio del Estado.
Posterior a la protesta de las comunidades, la CAR-CONAM elaboró una propuesta de modificación del Plan y Sistema de Gestión Ambiental Chinchaycocha, las que serían incorporadas en el R.S. 092-2004-PCM por el cual incluía en el Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha a un representante de cada una de las nueve comunidades ribereñas del lago, excluyendo la participación de organizaciones de segundo grado como el Comité de Defensa y Vigilancia del Lago o la CORECAMI Pasco. Finalmente, en abril de 2004 se instalo el Comité de Gestión en la comunidad de Vicco y el conflicto paso a una etapa pasiva.
Recientemente en septiembre de 2008, la Comunidad de San Pedro de Pari realizo una toma de la represa de Upamayo como medida de protesta por la falta de solución a los problemas ocasionados por represar aguas contaminadas e inundar las tierras de las comunidades. La comunidad solicita compensación económica a las empresas hidroeléctricas por la inundación de sus campos de pastoreo, el uso de sus tierras para la instalación de la presa de Upamayo, sin pago de alquileres ni servidumbre. Solicitan que estas demandas sean atendidas a través de un Plan de Desarrollo Sostenible financiado por la empresa Electroandes.
La comunidad tomó la represa de Upamayo como medida de protesta para reclamar apoyo social de parte de las empresas hidroenergéticas Electroperú y Electroandes. La PCM intervino acordando convocar a una mesa de diálogo y devolviendo el control de la Laguna a la empresa Electroandes. Se instaló la mesa de diálogo el 20 de octubre y el 3 de noviembre se llevó a cabo la segunda reunión en la cual las partes no llegaron a un acuerdo, quedando pendiente una nueva reunión en fecha por definir.