Descripción del conflicto minero:
A finales de 2017 la minera canadiense Argonaut Gold le compró a la empresa Primero Mining el proyecto Cerro del Gallo, que consiste en una posible mina de tajo abierto que emplearía el método de lixiviación con cianuro; en total se pretende producir entre 60 y 70 mil onzas de oro y 1,200 millones de onzas de plata anualmente por al menos quince años.
El proyecto está ubicado dentro de la propiedad San Antón que abarca un área de 20,270.20 hectáreas y consta de 13 concesiones minerales contiguas, tales concesiones incluyen áreas de minas históricas antiguamente explotadas por vetas de oro y plata de alta ley. El proyecto está ubicado en el estado de Guanajuato en la zona central de México, en el municipio de Dolores Hidalgo.
Ante los riesgos socioambientales que implica este tipo minería, la población local que podría ser directamente afectada comenzó a manifestar públicamente su rechazo en julio de 2019. Aproximadamente, campesinos de 21 comunidades del municipio de Dolores Hidalgo y de otros siete municipios de Guanajuato se oponen a la apertura de la señalada mina cuyo nombre fue tomado del cerro donde pretende llevarse a cabo el emprendimiento (Cerro del Gallo).
Según los campesinos, la principal razón que generó esta oposición es el temor es quedarse sin agua o que sea contaminada por las actividades mineras. Cabe señalar, que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) otorgó a la empresa Argonaut Gold concesiones para extraer agua hasta por 1.4 millones de metros cúbicos al año. De esta forma, el Estado mexicano además de priorizar el uso de suelo para la extracción de minerales, prioriza el uso de agua para esta misma actividad por encima de las necesidades humanas.
Otro aspecto relevante del conflicto, se refiere al mecanismo legal bajo el cual se entrega la tierra en forma de concesión a las empresas mineras. El artículo sexto de la Ley Minera vigente en México desde 1992, le otorga el carácter de “utilidad pública” a la minería, por lo que, como ya se mencionó, le da preferencia al uso del suelo sobre otras actividades productivas. Ante este marco legal que deja en desventaja a los pueblos frente a las mineras, la población local comenzó un proceso de organización política y de información con agrupaciones estatales y nacionales tales como Acción Colectiva Socioambiental y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
De este modo, comenzó a tomar notoriedad la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia (CODECIN) y el Colectivo Guardianes de la Cuenca. Se realizaron foros, movilizaciones, talleres informativos y un viaje al estado de San Luis Potosí, donde los habitantes aledaños al proyecto Cerro del Gallo pudieron ver la devastación ambiental que la minería a cielo abierto deja a su paso con el ejemplo del Cerro San Pedro, que fue prácticamente desaparecido por la empresa canadiense New Gold.
Así, con la presión ciudadana articulada en un proceso de resistencia, se logró frenar el proyecto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio a conocer por medio de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) la negativa al permiso solicitado por Argonaut Gold, esto fue presentado en la Gaceta Ecológica publicada el 8 de enero del año 2020.
Entre las principales razones se debe a que la empresa presentó información imprecisa, incompleta y contradictoria sobre el desarrollo de las obras del proyecto, los anexos técnicos, la flora y fauna existente en la zona y las acciones de restauración y mitigación de los impactos ambientales en la misma.
Las comunidades se mantienen alertas y fortaleciendo el proceso organizativo en las organizaciones locales y regionales conformadas y en coordinación con los colectivos estatales y nacionales que les acompañan.