La comunidad de La Nueva Esperanza, ubicada en el departamento de Atlántida, permanece en lucha para proteger este rincón de paraíso tropical en las montañas, cerca de la costa caribeña de Honduras, ante la concesión de una nueva actividad extractiva, otorgada a la empresa Minerales Victoria para la explotación de depósitos de hierro. El dueño de esta empresa es Lenir Pérez, yerno del terrateniente Miguel Facussé, y opera a través de su compañía Alutech, que forma parte de Inversiones EMCO, una empresa con sede en San Pedro Sula y especializada en la construcción de estructuras de acero. Debido a la moratoria todavía en vigor sobre la minería metálica por razones ambientales,5la empresa obtuvo la concesión para la explotación no metálica – óxido de hierro – aunque todos los pobladores de La Nueva Esperanza saben que, además de este mineral (y del carbón), los cerros que rodean a la pequeña comunidad son ricos en oro. De hecho la búsqueda artesanal de oro en las quebradas forma parte de su tradición. La solicitud de la concesión de minería no metálica es una de las trampas legales que permiten a las empresas eludir la moratoria. Minerales Victoria, la empresa de Lenir Pérez, obtuvo una concesión de 1000 hectáreas, aunque ha solicitado 11000. El terreno concesionado incluye 16 comunidades que, por ser su economía basada en la ganadería, perderían su fuente de sustento a través del agotamiento o de la contaminación de las quebradas y de los manantiales. Por eso, están firmes en manifestar su oposición al ingreso de la empresa en su territorio. Según el patronato, sólo 3 de las 45 familias de La Nueva Esperanza apoyan la minera, por ya estar involucradas en sus operaciones. A pesar de que los pobladores rehúsan a vender sus tierras, los intentos de la empresa, respaldada por el alcalde de Tela, siguen, y muchos están recibiendo amenazas y presiones para que vendan sus parcelas. Además, la empresa ya ha empezado a trabajar en unos terrenos que son propiedad de pobladores de La Nueva Esperanza, de acuerdo con información proporcionada por el patronato. Ha cercado terrenos, talado bosques y ha empezado la exploración en diferentes sitios, incluso en la orilla de una quebrada que proporciona agua a la comunidad. La tensión local ha ido creciendo en los últimos meses. Para impedir el paso de vehículos de la empresa, la comunidad puso en febrero una cadena con candado cerca de la vivienda de don Enrique, el anciano emblemático de la resistencia en la comunidad. Sin embargo, en la noche del 13 del mismo mes, agentes policiales rompieron la cadena por medio de disparos, destruyendo el candado. Los policías involucrados en los hechos andaban sin identificación. En respuesta a la denuncia puesta ante el Ministerio Público (MP) por los habitantes de la comunidad, las autoridades reconocieron de manera pública su acción ilegal en el departamento de Atlántida. A pesar de esto, los policías siguen llegando a la comunidad sin identificación, una práctica que despierta las dudas de los pobladores en cuanto a su verdadera identidad. Hay sospechas de que los hombres, aunque uniformados, sean en realidad miembros de la vigilancia privada de la empresa propiedad de Lenir Pérez. Desde entonces, los intentos de impulsar un diálogo entre los habitantes opuestos al proyecto minero y los empresarios no ha llegado a ningún resultado. Al contrario, la situación de amenaza a la comunidad sigue intensificándose. Pese a la firmeza del rechazo de la comunidad, los hostigamientos y amenazas se han multiplicado. El lunes 3 de junio del año 2013, un grupo de policías ingresó a la comunidad, acercándose a la zona concesionada y frente a las protestas de los pobladores, dispararon sus armas de fuego, sin provocar heridos. Esa misma noche también se escucharon disparos. Luego, en la noche del 5 de junio, un grupo de aproximadamente 20 hombres civiles no identificados y fuertemente armados, penetraron a la comunidad, con el propósito de sembrar el terror entre los habitantes a través de amenazas de muerte reiteradas. Frente a esta situación de peligro, los pobladores están sufriendo un “estado de sitio” que sigue vigente, obligándoles a quedarse encerrados en sus viviendas por seguridad. El maestro de la comunidad decidió suspender las clases, mientras que las condiciones de seguridad de la aldea son cada vez más difíciles. Mientras tanto, hay cada vez más daño al medioambiente de la comunidad por las operaciones supuestamente de “exploración”. Los trabajadores de Minerales Victoria están abriendo carreteras ilegales, rompiendo cercos privados sin permiso de los dueños y botando árboles de la orilla de la calle que son patrimonio de la comunidad. Un golpe particularmente doloroso para la comunidad ha sido la destrucción del Manguito, un árbol de mango ubicado a mitad de la cuesta entre Nueva Esperanza y El Carmen, una aldea más arriba, donde todos los viajeros tomaban un tiempo para descansar y luego continuar el viaje, disfrutando la brisa y la frescura de su sombra. Además, ya se empieza a ver los efectos de las operaciones sobre las fuentes de agua: una quebrada que antes corría clara se ha vuelto lodosa, contaminada por la tierra excavada para abrir las carreteras y para otras obras. Fuente: PROAH

Ver Minerales Victoria, la empresa de Lenir Pérez, obtuvo una concesión de 1000 hectáreas, aunque ha solicitado 110007. El terreno concesionado incluye 16 comunidades que, por ser su economía basada en la ganadería, perderían su fuente de sustento a través del agotamiento o de la contaminación de las quebradas y de los manantiales. El Proyecto estaba en la etapa de exploración. Debido a la moratoria en vigor sobre la minería metálica por razones ambientales, la empresa obtuvo la concesión para la explotación no metálica (óxido de hierro) aunque todos los pobladores de La Nueva Esperanza saben que, además de este mineral (y del carbón), los cerros que rodean a la pequeña comunidad son ricos en oro. De hecho la búsqueda artesanal de oro en las quebradas forma parte de su tradición. La solicitud de la concesión de minería no metálica es una de las trampas legales que permiten a las empresas eludir la moratoria .