Organizaciones internacionales han documentado el compromiso de la AngloGold
Ashantí (AGA) con estructuras armadas y crímenes ejecutados en diferentes países a
fin de garantizar su ingreso y el desarrollo de explotaciones en gran escala. Diferentes
denuncias de organizaciones sociales y de Derechos Humanos (DDHH) en Colombia
han demostrado que la situación en el país parece responder a patrones similares.
Coincidencialmente, las áreas donde se hacen las solicitudes de contratos de
concesión por parte de AGA y de la Sociedad Kedahda S.A., su filial en el país,
corresponden a lugares en los cuales estructuras paramilitares y miembros de la
Fuerza Pública, actuando conjuntamente, han ejecutado de manera sistemática
crímenes de lesa humanidad. La multinacional ha hecho 1.216 solicitudes en 21
Departamentos y 336 Municipios. Su principal influencia se da en Antioquia, Bolívar,
Cauca, Nariño, Huila, Chocó. Antioquia y Bolívar representan el 32% de las solicitudes
existentes. Entre julio de 2004 y septiembre de 2007 AGA y sus asociados en riesgo
compartido, entre ellos B2Gold, han explorado sistemáticamente 6.32 millones de
hectáreas. En la actualidad controlan aproximadamente 4.2 millones de hectáreas en
el país, de las cuales 2 millones pertenecen a Kedahda. Un análisis comparado de los
municipios en los que existen profundos intereses de la multinacional con los
municipios en los cuales ha existido un posicionamiento del paramilitarismo que ha
atentado de manera directa y sistemática contra la población civil a través de
diferentes acciones (ejecuciones extrajudiciales, arrestos ilegales, torturas, despojo de pertenencias, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado), muestra que el
99.9% de los mismos resultan coincidir.
Durante el periodo 1988-2006, 5.438 personas fueron víctimas de crímenes de lesa
humanidad y 610.110 personas fueron objeto de expulsión y apropiación de sus
territorios por parte de paramilitares en lugares donde AGA desarrolla operaciones o
pretende hacerlo. Los momentos en los que las expulsiones se han intensificado han
sido entre 1999 y 2002 (año en que ingresa AGA al país) y entre 2004 y 2007. Son 4
las modalidades de operación de AGA en Colombia y su aplicación parece un libreto
similar en África, Asia y el resto de América Latina: beneficio de la represión, como
mecanismo para garantizar sus procesos de explotación; utilización de la Fuerza
Pública, como parte de su departamento de seguridad; adecuación de la legislación
interna (nacional y regional) a sus propios intereses; congelamiento de territorios como un acto de despojo. Este modus operandi representa la existencia de actos
sistemáticos y generalizados tendientes a generar procesos de terror y ruptura del
tejido social en las comunidades agromineras, campesinas e indígenas del
Departamento de Risaralda, y a destruir el proceso de resistencia que éstas han
desarrollado frente al ingreso de las empresas multinacionales en la subregión. La
multinacional se ha beneficiado de los crímenes ejecutados por paramilitares en el
municipio de Quinchía desde 2001 contra campesinos e indígenas.
En las regiones de Colombia donde AGA tiene ha desarrollado o pretende iniciar
labores de exploración y explotación se han intensificado los procesos de militarización. Los casos más críticos se han presentado en Tierradentro (Cauca),
Remedios y Segovia (Antioquia), Quinchía (Risaralda) y el Sur de Bolívar. La
militarización de estas regiones buscarían supuestamente desplazar a las fuerzas
guerrilleras, pero se trata también de desterrar a los nativos, pequeños mineros y
campesinos que se convierten en molestia a la hora de privilegiar el saqueo de las
multinacionales. Estos procesos de militarización han venido acompañados de
bloqueos alimenticios, medicinales y de insumos de trabajo para el desarrollo de las
actividades
agropecuarias. Por ejemplo, en 2003, año de llegada de la AGA a la
región, se presentó una detención masiva y arbitraria por parte de la Fuerza Pública
denominada "Operación Libertad", afectando con ello la capacidad de
autodeterminación de las comunidades de Quinchía frente al ingreso de la empresa.
Esta operación, efectuada el 27 de septiembre, tuvo como principal propósito hacer
efectivas 60 ordenes de captura, luego de que las autoridades adelantaran las
indagaciones iniciales sobre un ataque que había sufrido la Policía. En esta
operación, adelantada conjuntamente por la Policía Nacional y la Fiscalía General de
la Nación, 116 personas fueron privadas de su libertad. Estas privaciones de la
libertad ocurrieron en el contexto de la presentación de solicitudes de contratos de
concesión por parte de AGA.
Por otro lado, desde finales de la década del 90 fueron promovidas reformas a la
legislación minera que planteaban una eliminación de la Pequeña Minería y, a su vez,
el otorgamiento de garantías para la presencia y participación de las multinacionales
en los procesos de explotación y consolidación de la Gran Minería. De acuerdo con
uno de los principios que consagra el Código de Minas, quien sea primero en el tiempo
en la solicitud de contratos de concesión, será el primero en el derecho. A partir de
este principio, se ha limitado la legalización de la minería de hecho (Pequeña Minería)
dado que las empresas han formulado solicitudes sobre extensas áreas del territorio
en las que se venía practicando esta forma de minería. Bajo el argumento de
regularizar las explotaciones mineras, se resultan desconociendo los derechos de las
poblaciones dedicadas a esta actividad, como es el caso de las comunidades de
Quinchía. A quienes venían desarrollando la minería de hecho, les fue otorgado un
plazo desde enero 1 de 2000 hasta diciembre 31 de 2004, a fin de iniciar los procesos
de legalización minera. No obstante, la información suministrada por parte de las
autoridades mineras y estatales estuvo ausente o no fue suficiente, razón por la cual,
numerosos residentes y habitantes que desarrollaban explotaciones en las zonas
mineras no pudieron acceder a los procesos de legalización. La legislación minera
vigente (ley 685 de 2001), entonces, ha sido concebida para la explotación a gran
escala y no para la Pequeña Minería. La reforma al Código de Minas presentada por
el gobierno hace parte de la lógica del Tratado de Libre Comercio (TLC) y su objetivo
es relegar la pequeña minería a la ilegalidad permitiendo así la explotación solo por
parte de grandes empresas, de las cuales casi la totalidad son transnacionales. Los
principios y políticas de AGA impiden que la empresa desplace a los mineros
artesanales o informales y de hecho, lo cual aseguran no haber permitido jamás. Por
el contrario, en el informe sobre Colombia (2007) se afirma que la empresa ha
colaborado con la legalización de cooperativas mineras, asociaciones mineras y más
de 50 mineros individuales de pequeña escala por todo el país. Un ejemplo de ello,
"son las cooperativas de Miraflores y San Martín de Loba, asociaciones en riesgo
compartido negociadas con valores de mercado justo y de una forma abierta y
transparente"
Sin embargo, en Risaralda, las asociaciones mineras aseguran haber visto
desconocido su derecho al reconocimiento de una zona de reserva especial minera, al
solo ser reconocido el 9% del total solicitado. La administración regional en vez de
propiciar el desarrollo de la pequeña minería ha invertido cientos de millones en una
planta de beneficio lejana de los lugares de extracción minera, que actualmente se
encuentra en estado de abandono. Las comunidades mineras del Sur de Bolívar y
Nariño, los indígenas y afrodescendientes del Cauca y Chocó junto a los indígenas de
Risaralda, han empezado a encontrarse para confrontar e intercambiar sus
problemáticas a partir de la Audiencia minera celebrada el 11 de
noviembre de 2006
en Medellín en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo Colombia.
Desde este encuentro se entendió el carácter nacional del conflicto que se viene
presentando entre las comunidades mineras y la AGA y se ha iniciado una serie de
reuniones en la búsqueda de solución al problema con la multinacional y por la
defensa y permanencia en el territorio. Una etapa importante de este proceso de
articulación entre diferentes comunidades ha sido el Foro Nacional Agrominero de
Santa Rosa (sur del Bolívar), realizado en febrero de 2007. En este foro las
comunidades procedentes de diferentes lados del país plantearon su rechazo frente al
ingreso de la AGA a sus territorios, así como al actual Código de Minas y a la reforma
que el gobierno pretende hacer en aras de eliminar cualquier forma legal a los
pequeños mineros en defensa de sus tenencias. Después se han realizado diferentes
talleres de formación a las comunidades con los temas de la multinacional AGA, los
Tratados de Libre Comercio (TLC) y la Reforma al Código de Minas. En abril de 2007
se realizó la Reunión Nacional Minera, cuyo objetivo era la coordinación de actividades
y unificación de propuestas provenientes de las diferentes regiones con las que se ha
trabajando. Allí se ratificó la necesidad de hacer los encuentros regionales, hacia la
construcción del Encuentro Nacional Minero programado para los días 2 y 3 de junio
de del mismo año en Quinchía.
Fuentes:
http://74.125.47.132/search?
q=cache:hKnOgGwfqScJ:www.omal.info/www/IMG/doc/DOCUMENTO_FINAL_TPP.do
c+corregimientos+Casa+de+Barro+y+Agua+Fr
%C3%ADa&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co&client=firefox-a
http://colombia.indymedia.org/news/2007/05/65105.php
http://www.redcolombia.org/oscar/sdb/CocnlusioniCarovanaMinera_es.pdf
http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=6557
http://www.imcportal.com/newsfiles/20070105-Tras-el-oro-de-Quinchia.pdf
http://orosucio.madryn.com/articulos/05_01_07.html
http://colombia.indymedia.org/news/2007/05/65105.php
http://colombia.indymedia.org/news/2008/07/90502.php
