El Cerrejón es una de las minas de carbón más grandes del mundo. Inicialmente en manos del Estado, El Cerrejón produjo carbón para la generación eléctrica en otras regiones del mundo. Hoy la mina esta en manos de empresas mineras transnacionales entre las que se cuenta la BHP , Anglo American y Glencore Décadas de funcionamiento de la mina llevaron a despojar de sus tierras a los habitantes guajiros originales. La situación de las comunidades afectadas no se ha dado a conocer por las presiones de las empresas mineras y el estado. Un estudio nos habla que "Desde 1983, la operación y constante expansión de la mina El Cerrejón han generado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas wayúu y afrocolombianas en la región? Durante el presente año un tren que transportaba el carbón hacia los puertos de embarque fue atacado por grupos armados que lograron su descarrilamiento. No solamente son impactos ambientales los que provoca esta mina de carbón a cielo abierto. Su privatización provocó conflictos laborales que se mantienen hasta la fecha al no reconocer logros de los trabajadores, organizaciones sindicales y otros beneficios. En septiembre de 1981, gran parte del territorio ancestral de la comunidad wayuu de Media Luna fue usurpado para construir el Puerto de Embarque del Carbón de El Cerrejón. La empresa minera y la comunidad se enfrentaron en una negociación de fuertes discusiones y amenazas físicas, para lograr una justa indemnización que le permitiera reubicarse en otro lugar y trasladar los cementerios. La comunidad cedió finalmente, sin tener éxito en sus expectativas. De igual manera fueron destruidas y reubicadas en el 1991 las comunidades Caracolí y Espinal que comprendían 1000 hectáreas de tierras y donde vivían 350 personas wayuu. La despoblación más grande, hasta ahora, en el contexto del Cerrejón, tuvo lugar en agosto de 2001 cuando la compañía Intercor, en conjunto con las autoridades locales, obligó a salir de su territorio ancestral a familias afrocolombianas, aproximadamente mil doscientas personas que habitaban en el corregimiento 5 de Tabaco. Desde el 1997, las empresas asociadas Carbocol-Intercor han propuesto a los pobladores de Tabaco de entregarles una cierta cantidad de dinero para que individualmente desalojen y cedan los derechos sobre el territorio. Propuesta que carece de responsabilidad social y que divide la comunidad entre los que vendieron y se fueron, y otro sector que resiste abandonar la región y busca una reubicación de la población, con el ánimo de conservar su unidad social y el deseo de continuar con un destino común, conservando las tradiciones agrícolas y ganaderas que les han permitido sobrevivir. Para desalojar a los que no aceptaron la mísera compensación monetaria que les ofrecieron , la empresa utilizó presiones tales como la suspensión de los servicios públicos y domiciliarios, quema del cementerio y de algunas viviendas, prohibición del tránsito en el territorio, desvío del agua del río para beneficio de la compañía, entre otros. El brutal desalojo se produjo con apoyo de la Fuerza Pública y en presencia de funcionarios de la Fiscalía. En el caso de Tabaco, empresas transnacionales, con la anuencia, la complicidad, la solidaridad de funcionarios del Estado Colombiano, se hicieron responsables del saqueo, de la expoliación y del desplazamiento forzoso de todo el corregimiento. Muchos de los pobladores de Tabaco nunca vendieron a las empresas sus derechos de propiedad, aun así, sus casas y sus enseres fueron destruidos. Otros vendieron, pero las presiones que acompañaron las negociaciones le quitan todo carácter libre y toda legitimidad a la venta. Ante tan alarmante situación la comunidad adelantó una serie de acciones jurídicas tendientes a proteger los derechos que les asisten. Fue así que en mayo de 2002 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Alcalde Municipal de Hatonuevo (Guajira) de reconstruir Tabaco en un lugar adecuado. A pesar de que la Junta Pro Reubicación de Tabaco ha identificado un terreno apto y tiene conceptos muy claros sobre como reconstruir el pueblo, el fallo que tutela los derechos de los pobladores del desaparecido Tabaco no se ha cumplido. Las empresas transnacionales que poseen Carbones del Cerrejón deberían indemnizar la comunidad con el fin de permitirles comprar este terreno y reconstruir Tabaco. En la actualidad, las condiciones de vida de la comunidad se ven cada día más deterioradas a causa del desplazamiento, así como la identidad étnica y cultural del ancestral pueblo. Desde el año 2011, Cerrejon ha querido expandirse para seguir la explotacion de carbon y amentar su produccion a 40 millones de toneladas, queriendo desviar el rio Rancheria, principal curso de agua de la Guajira, con la oposicion de los habitantes se detuvo, pero no detuvo los intereses de la expansion de Cerrejon, llevando querer desviar el arroyo Bruno, tributario del rio Rancheria, el cual obtuvo su permiso el año 2014 por ANLA, sin embargo las comunidades denunciaron las consecuencias que podria desencadenar la desviacion del rio. En el año 2017 la Corte Constitucional ha suspendio las actividades de cerrejon sobre el arroyo Bruno, al igual que sus instalaciones hasta tanto no se verificara la situación de derechos humanos de la población indígena y afro de las diferentes comunidades de La Guajira. Cerrejon se ha caracterizado por no respetar fallos anteriores lo que ha puesto en alerta a los habitantes para hacer cumplir el ultimo fallo. Fuente: Exposición conjunta presentada por el CETIM y la AAJ. Ante el Consejo de derechos humanos de la ONU- 6° período de sesiones 2007.

Ver No hay descripción de este proyecto.