El ingeniero Gervasio Osuna Contreras, secretario de minería de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y hombre cercano al diputado federal, Heriberto Galindo Quiñónes fue aprehendido por la Policía Ministerial del Estado la tarde de este martes como presunto incitador del bloqueo a la mina Paradox, que opera en el ejido Potrero de Cancio, Choix.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de despojo agravado que el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix dictó en el expediente 32/2013, iniciada por denuncia de hechos de la minera Paradox y su representante legal, María Hermila Márquez Rodríguez.

A Osuna, el agente del Ministerio Público del Fuero Común de Choix le imputó cargos de incitar al bloqueo mediante el aleccionamiento de los campesinos a tomar el camino, bloquearlo con troncones, cercarlo con alambre de púas y financiar la movilización.

Del caso de Paradox contra los ejidatarios de el Potrero de Cancio falta por detener al presidente del comisariado ejidal, Ramón Corrales Vega, que enfrentará cargos iguales a los de Gervasio Osuna, por declaraciones manipuladas.

Corrales Vega nunca estuvo en el bloqueo y cuenta con pruebas documentales que asentó en actas de que rechazaba la movilización, pero estas no le fueron incluidas en el expediente para convertirlo en culpable de un delito que no cometió. El gobierno de Mario López Valdez pretende encarcelarlo como advertencia a futuras movilizaciones sociales, dijo en su momento.

Los cargos contra Osuna y Corrales vega fueron producto de declaraciones manipuladas de los 32 campesinos detenidos en la víspera del bloqueo que pretendía recuperar la mina de mineral de hierro que explota Paradox, sin pagar regalías.

Los campesinos dijeron que las declaraciones fueron asentadas por el fiscal actuante, pues nunca declararon lo que aparece en las diligencias y que las firmaron por ignorancia y temor a ser asesinados por los agentes ministeriales que los custodiaban.

Del caso 32/2013, la Policía Ministerial del Estado aprehendió a 32 campesinos, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado ejercitó acción penal contra 28. De estos, una de las detenciones fue calificada como ilegal y se decretó auto de libertad contra 13 personas por falta de elementos para ser procesarlos, en tanto que 14 fueron recluidos en la cárcel sin derecho a fianza.

Este es el primer caso en que se castiga penalmente y con prisión una movilización social. Y es que los actuales diputado locales consideraron como delito grave todo bloqueo cometido por dos o más personas contra particulares. Y aunque es delito grave, el delito no es oficioso y se persigue por denuncia de parte, la cual puede otorgar perdón.

El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez y su secretario de gobierno, Gerardo Vargas Landeros, así como el alcalde de Choix, Juan Carlos Estrada Vega ofrecieron gestiones en favor de los presos, pero todos mintieron.