Descripción del conflicto minero:
La mina de plata La Colorada, es la unidad en producción más grande de la empresa canadiense Pan American Silver. Se ubica en la Sierra Madre de Zacatecas, en el municipio de Chalchihuites. El yacimiento fue adquirido en 1998, lo cual, cambió la forma de operar del complejo minero, pasó de una explotación pequeña a una mega extracción de más de 1,250 toneladas por día de material con contenido de plata. En 2013 se aprobó un proyecto de expansión, que incluye la ampliación de la planta de procesamiento de mineral y la instalación de una nueva línea de transmisión de poder conectada a la red nacional de energía (Plata Panamericana, 2018).
El problema del gran negocio de la empresa, es que la expansión del proyecto requería reubicar a la comunidad de La Colorada, lugar donde se asientan las operaciones subterráneas de extracción de minerales. Por lo tanto, en 2014, Pan Aamerican Silver despidió a los miembros del poblado que trabajan en la mina, después inició el despojo reubicando a la comunidad en casas montables, bajo engaños y amenazas. De este modo, el 31 de enero de 2015, guardias privados amagaron y destruyeron las casas de los habitantes con maquinaria pesada. Los obligaron a irse y firmar un contrato de comodato por dos semanas. En total desalojaron a 47 familias amenazándolas con armas largas, además de presentar escrituras apócrifas (Valadez, 2017).
Esta situación generó una respuesta de la población afectada, se organizó para luchar ya no sólo por un espacio de trabajo en la mina, sino por la recuperación de sus tierras, su identidad y su historia como comunidad (Uribe, 2019). En mayo de 2016 promovieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas para exigir que se les reconociera como legítimos dueños de las tierras (Valadez, 2017).
En el proceso participó la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), organización que asumió el rol de asesoramiento legal de la comunidad. La resistencia persiste a través de un grupo que sigue el proceso de regularización de terrenos por parte de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU).
En el Registro Agrario Nacional (RAN) no se encontraron antecedentes registrales que probaran que la propiedad de los terrenos pertenecía a la compañía minera, sus escrituras son ilegales, por lo cual, se procedió al reconocimiento de los predios como tierras nacionales (Valadez, 2018).
Los trabajos de la Procuraduría Agraria siguen vigentes, la comunidad demostró las formas fraudulentas con que actuó la empresa y la complicidad de funcionarios gubernamentales. No obstante, se presentó una división interna cuando algunos habitantes manifestaron su interés por negociar compensaciones y mejores retribuciones económicas.
Además de la transformación del paisaje y la contaminación que la megaminería está generando en la zona, hay que señalar el cambio en la forma de vida de la población local. Se les ha restringido el tránsito, les han negado la entrada a lo que era su comunidad, a la Iglesia, a los espacios que para ellos eran sagrados y tenían una carga simbólica importante. Incluso, por decisión de la empresa se ha prohibido la crianza de animales, esto repercute en la economía local, ya que muchos dependían de la ganadería bovina, porcina y vacuna.
Tampoco pueden tener mascotas y la economía campesina de traspatio ha sido trastocada. Asimismo, el desplazamiento forzado es un ejemplo claro de la violación a los derechos humanos. Por lo tanto, debido a los múltiples impactos sociales, ambientales, económicos y culturales, la población afectada se ha organizado para luchar por su tierra con la consigna de “aquí nacimos, y aquí nos vamos a morir”.
Colaboración de Sergio Uribe.