La resistencia indígena en la Sierra Negra de Puebla contra Minera Autlán sigue abriendo brecha y tomando fuerza, a un año de haber empezado una lucha en defensa de la tierra y del territorio, y en defensa de los ríos Coyolapa, Huitzilac y Tonto.
Esta batalla, contra el consorcio minero y siderúrgico del magnate José Antonio Rivero Larrea, vive momentos cruciales para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica que Rivero Larrea necesita para abastecer de energía los hornos de fundición de su planta de producción de acero en Teziutlán, en la Sierra Norte de Puebla.
El 24 de julio, funcionarios de la Secretaria de Energía (Sener), con la ayuda de golpeadores y familiares del alcalde de San Pablo Zoquitlan, Fermín González León, forzaron a que la asamblea general de Coyolapa, decidiera en votación si estaban de acuerdo o no en realizar la consulta que establece el Convenio 169 de la OIT y la Ley de la Industria Eléctrica, para que la empresa brinque el último obstáculo y las autoridades les liberen los permisos para la construcción del llamado Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan.
A pesar de la violencia, la intimidación, la compra de voluntades, las misas del párroco de la comunidad favorables a la empresa, los discursos del director de la primaria para que los niños convencieran a sus padres de los “beneficios” de la obra, el condicionamiento de las migajas presupuestales que el gobierno reparte para el control social y la tradicional compra de elecciones, la comunidad votó en contra de que se realice la consulta.
Minera Autlán ha destruido cerros enteros en Hidalgo para la extracción del manganeso, mineral necesario para la fundición de acero. Para lograr esto ha comprado autoridades sin escrúpulos; ha mentido, torcido las leyes e incluso se ha valido de obispos, sacerdotes y mayordomías, como en Jalamelco, para poder entrar a saquear los territorios indígenas y campesinos.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán advirtió que las construcciones de las hidroeléctricas ocasionarán daños severos al ecosistema, la agricultura y la ganadería. Además de que habrá disminución de los acuíferos, la eliminación de la fauna acuática y la liberación de gases a la atmósfera. Según el proyecto ejecutivo, en Zoquitlán se talarán más de 77 hectáreas de zona boscosa. En Coyomeapan se afectarán 6.7 hectáreas de bosque de coníferas, perforarán túneles y harán excavaciones y pavimentaciones. En cuanto a los impactos sociales, según integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) los trabajos del Grupo Ferro-Minero ya habían llegado al área en 2008, los trabajadores de la empresa se presentaban como espeleólogos, contactaban a pobladores para generar opiniones favorables a la hidroeléctrica [9]. Se anunciaron compra-venta de terrenos a bajo precio.
El 28 de agosto de 2016 en Zoquitlán fue el primer encuentro de resistencias contra los megaproyectos, el 18 de septiembre se hará un segundo encuentro en el municipio Tlacotepec de Porfirio Díaz y el 12 de octubre una caravana en defensa de la tierra. En junio de 2017 continúan las protestas de diversos municipios de la Sierra Norte e integrantes de MAIZ a través de marchas y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunciando los llamados proyectos de muerte [2]. Las protestas continuaron y fueron reprimidas.
En febrero de 2018, fue quemado el autobús en el que viajaban activistas que protestaban contra el proyecto hidroeléctrico a su regreso de la Ciudad de México. La manifestación tuvo lugar afuera de la Secretaria de Energía para solicitar una mesa de diálogo y poder exponer sus posiciones en contra del proyecto. El Movimiento MAIZ denunció que los presidentes municipales de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Cirilo Trujillo Lezama y de Zoquitlán, Fermín González León, fueron culpables del incendio del autobús que se registró el pasado viernes en la Sierra Negra [6,7, 9]. Debido a la aprobación dudosa del Manifiesto de Impacto Ambiental, consultas de resultados ambiguos, de nuevo hubo otra manifestación el 29 de agosto de 2018 se reportaba que Integrantes del movimiento MAIZ se manifestaron afuera de las oficinas del Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, para demandar la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan. Los manifestantes denunciaron que el plan fue parado hace dos años, pero la Secretaría de Energía (Sener) ha intentado realizar dos consultas “amañadas”. Los inconformes expusieron que el proyecto es del Grupo Ferrominero de México, al que pertenece la Minera Autlán. Agregaron que, pese a la oposición de pobladores, el plan hidroeléctrico ya cuenta con estudios de impacto ambiental realizados “a modo” por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como por el análisis de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que aprueba el proyecto.
De acuerdo a un comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) el 23 de agosto de 2018 fue desaparecido Sergio Rivera Hernández, miembro de la organización MAIZ y de las comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala. Los hechos ocurrieron cuando iba de regreso a su comunidad a bordo de una motocicleta.
El 22 de noviembre de 2019 se llevó a cabo una audiencia contra los tres implicados en la desaparición de Sergio Rivera Hernández, cuyo paradero se desconoce desde el día en fue reportado como desaparecido (El Sol de Puebla, Edgar Barrios, 22 de noviembre de 2019). El juicio ha estado lleno de irregularidades, incluso, familiares señalan que el juez se muestra a favor de los acusados, cabe señalar que ellos fueron identificados por una denuncia previa de amenazas interpuesta por Sergio antes de desaparecer (Observatorio de derechos territoriales).
